ONG denuncian asesinatos y desapariciones de personas buscadoras en México

Información y fotografía: Fernanda Medina González

Ciudad de México.– En México, al menos 25 personas buscadoras han sido asesinadas y 7 más han sido desaparecidas desde 2016, denunciaron organizaciones de derechos humanos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
De acuerdo con un pronunciamiento firmado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y otras organizaciones, la crisis de desapariciones en el país no solo afecta a las víctimas directas, sino también a sus familias, que enfrentan riesgos mortales por ejercer la búsqueda.
Datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) indican que en México existen 133,071 personas desaparecidas y no localizadas: 102,388 hombres, 30,265 mujeres y en 418 casos no se pudo determinar el sexo.
Las entidades con mayor número de desapariciones son Jalisco con 13 mil 199 Tamaulipas con 10 mil 872 y Estado de México con 8 mil 630.
Según las organizaciones, estas cifras reflejan “no solo la magnitud de la desaparición forzada, sino también la crisis forense y de investigación que obstaculiza la identificación de personas, el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia para las víctimas y sus familias”.
Desde 2016, además de los ataques a buscadores, al menos 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios han desaparecido en posible relación con su labor: 37 defensores, 25 periodistas y un colaborador de medio. Hasta la fecha, 23 continúan sin ser localizadas.
Entre los casos más recientes está el de Sandra Domínguez, defensora desaparecida en octubre de 2024 y hallada sin vida meses después; Irma Galindo, guardabosque mixteca de Oaxaca desaparecida en 2021 pese a estar incorporada al Mecanismo de Protección; y Roberto Hernández, padre buscador asesinado el pasado 11 de agosto en el Estado de México.
Las entidades más violentas para estas labores son Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas.
Ante este panorama, las familias y colectivos demandan a las autoridades:
La aparición con vida de todas las personas desaparecidas.
Mantener las mesas de diálogo con familias y organizaciones.
Reconocer la labor de las personas buscadoras como defensores de derechos humanos, garantizando su protección.
Fortalecer el Mecanismo de Protección a defensores y periodistas, con protocolos efectivos de prevención y reacción.
Atender con urgencia la crisis forense, para identificar y entregar los cuerpos de manera digna a sus familias.
Las organizaciones recordaron que cada desaparición representa una herida abierta en miles de hogares y que el Estado tiene la obligación legal y moral de garantizar verdad, justicia y reparación.
En este contexto, para el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz, la desaparición forzada en México no puede entenderse únicamente como responsabilidad del Estado. Aunque subraya que la mayoría de los casos sí lo son, advierte que este fenómeno obedece también a una compleja “formación social” —concepto del filósofo Louis Althusser— en la que confluyen Estado, sociedad y mercado.
“De ninguna manera reduzco la responsabilidad del Estado. Al contrario, alego que la gran mayoría de las desapariciones en México sí son desapariciones forzadas. Pero esto no significa que hayan sido ni ideadas ni ejecutadas necesariamente por el gobierno. Muchas provienen de intereses empresariales que llamamos cárteles, aunque siguen siendo forzadas y hay responsabilidad estatal”, explicó el director del Laboratorio de Estudios Sociales de la Desaparición de la Universidad de Columbia.
Tras varios años de investigación, entrevistas con sobrevivientes y trabajo de campo, Lomnitz plantea que existe un riesgo de simplificar la narrativa al presentar a la sociedad como víctima absoluta del Estado.
“Se trata de un triángulo en el que concurren razones políticas, sociales y económicas”, expuso durante el ciclo de conferencias Pensar la desaparición, celebrado en junio y julio en El Colegio Nacional.
El académico señaló zonas grises en la relación entre crimen organizado y autoridades, como los beneficios mutuos que generan las desapariciones: para el Estado, la reducción en las cifras oficiales de homicidios; para los grupos criminales, la impunidad garantizada por la falta de investigaciones.
Incluso mencionó el lucro que empresas legalmente constituidas obtienen a partir de la extorsión, particularmente en el negocio de las remesas.
Al respecto, hizo una distinción entre desapariciones ligadas al ocultamiento de homicidios y aquellas relacionadas con delitos como secuestro y reclutamiento forzado.
“Hay cierta clase de desaparición que puede ser parte de un pacto tácito entre gobernantes y cárteles específicos. Cuando los cuerpos no son registrados oficialmente, el Estado se ahorra la obligación de procesar los homicidios”, subrayó.
Lomnitz rastrea las primeras expresiones de desaparición en México hacia finales del siglo XIX, con el reclutamiento militar forzado conocido como la leva. Desde entonces, sostiene, el fenómeno ha mutado hasta la violencia ejercida principalmente por el crimen organizado en las últimas décadas.
En sus conferencias retomó trabajos periodísticos clave, como los de Ricardo Raphael (Hijo de la guerra), Alejandro Gutiérrez (Narcotráfico: el gran desafío de Calderón) y Marcela Turati (San Fernando: última parada), que documentan desapariciones masivas y casos recurrentes en rutas de migración. También aludió a episodios de violencia contra migrantes en Chiapas y en la frontera con Estados Unidos, perpetrados por grupos de bandidaje más que por el Estado, aunque con aquiescencia oficial.
Lomnitz propone conceptos como “soberanía negativa” y “Estado extrañado de sí mismo” para comprender cómo interactúan crimen y poder público en las desapariciones. A diferencia del Estado, que ejerce poder con cierta reciprocidad, los grupos criminales —señala— imponen un dominio basado en “quitar”: la vida, el dinero mediante extorsión o el control territorial.
“Lo que realmente tratan de construir los grupos criminales son empresas”, enfatizó. “La teleología de lo que quieren ser no es Estado: es empresa”.
La magnitud de la crisis, apuntó, es ineludible: en México existen más de 133 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, entre 2017 y 2025 se registraron 66 mil 389 desapariciones y apenas se dictaron 373 sentencias, lo que equivale a una condena por cada 178 casos.
Estos números, dijo, revelan la profundidad de la colusión y aquiescencia estatal en un problema que ha desbordado a las instituciones y que sigue sin respuesta adecuada.

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