Pide diputado investigar a todos los participantes del robo de 32 mdp al TRIJAEM
- Ventura Rojas Garfias
- 27 agosto, 2025
- Estado de México
- Congreso EdoMéx, EdoMéx, Octavio Martínez, TRIJAEM
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Toluca, Méx.- El diputado local Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México, pidió a la Fiscalía General de Justicia mexiquense que sean investigados todos los que participaron en el presunto robo de más de 32 millones de pesos al Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM), principalmente acusó al presidente del órgano, el magistrado Gerardo Becker Ania de encubrir la desviación de recursos.
En sesión de la Diputación Permanente del Congreso local, el legislador precisó que servidores públicos del propio tribunal utilizaron tokens autorizados para realizar transferencias hacia cuentas en los estados de Guanajuato y Aguascalientes, hecho que se ha mantenido sin esclarecer durante más de 20 meses.
“Se robaron el dinero, y lo hicieron desde el mismo Tribunal, el presidente ha faltado a la verdad, ya sea por omisión o complicidad”, advirtió.
El también prosecretario de la Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, reprochó que mientras personas son encarceladas por delitos menores, como robar alimentos o montos de 200 pesos, no exista sanción efectiva contra quienes desviaron millones de pesos de recursos públicos.
Además, reveló que el magistrado Becker Ania intentó justificar el desfalco argumentando un supuesto “Hackeo”, pero en realidad el dinero fue restituido por un seguro bancario, lo que no significa que el robo no haya ocurrido.
Por lo que el diputado insistió en que el nuevo presidente del Poder Judicial, magistrado Héctor Macedo, tendrá su primera gran prueba de fuego; demostrar si existe voluntad de transformación o bien se castiga a todos los involucrados de este robo.
En paralelo, Martínez Vargas anunció que impulsa una reforma para tipificar con mayor claridad el delito de usura en el Estado de México.
La iniciativa busca establecer parámetros basados en las tasas oficiales del Banco de México, a fin de sancionar a quienes imponen intereses desproporcionados en préstamos que, en muchos casos, derivan en despojo de bienes e incluso tragedias familiares.
Finalmente, señaló que estas prácticas, operadas con impunidad en la vía pública e incluso con presunta complicidad de sindicatos, cuerpos de seguridad y estructuras delictivas, deben ser erradicadas con nuevas herramientas legales.
