El municipio de La Paz no es zona ejidal, reiteran empresarios

La Paz Méx.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuenta con la documentación original en la que puede comprobarse que el municipio de La Paz no es reserva ejidal, como argumentan algunos líderes de ejidatarios vivales, enfatizaron aquí representantes del sector privado que urgieron a las autoridades a agilizar el fallo judicial iniciado hace 9 años.

Javier Arellano Pardo, en representación de la iniciativa privada, dijo que la sociedad mexicana está regida por un Estado de Derecho inalienable que los habitantes debemos respetar, sin menoscabo de intereses particulares y sobre todo impulsando el bien común.

Señaló que la presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, está en su derecho de tomarse fotografías con exalcaldes como Agustín Corona, sin conocer quizá que este personaje representa a los campesinos que buscan cobrar “impuestos” al gobierno por la ocupación del predio donde se ubica el recinto oficial, como ocurrió en trienios anteriores.

Apuntó que este hombre (Agustín Corona), ha gritado a los cuatro vientos que los campesinos van a ganar el litigio iniciado con los empresarios y el gobierno local tendrá que pagarles a 7 mil pesos el metro cuadrado de ocupación, así como las áreas que hoy ocupan panteones, canchas deportivas, centros educativos, comerciales y unidades habitacionales, ya que los labriegos “son dueños” de 1,094 hectáreas, es decir, todo el municipio.

Señaló que los líderes y sus agremiados buscan acercarse a Morena para encontrar apoyo en el diferendo, aun a sabiendas de que no cuentan con documentación que avale la propiedad que dicen poseer.

Aseveró que cuando fue alcalde, Agustín Corona no hizo nada en favor de la ciudadanía, y al ver la oportunidad se asoció con otros personajes (incluidos exalcaldes) para obtener beneficios económicos ilegalmente.

Arellano Pardo dijo que la amenaza pende aún sobre miles de familias y propietarios de comercios, quienes presuntamente habitan en terrenos ejidales no modificados a espacios urbanos.

Como se recordará, desde hace años los supuestos ejidatarios reclaman 1,094 hectáreas, incluidas 297 expropiadas por el gobierno federal en la zona de San Isidro, en el año 1926.

Hoy, azuzados por exalcaldes y líderes venales, pretenden obtener un fallo judicial que acredite su postura para exigir indemnizaciones millonarias, pero sin presentar documentos probatorios ante el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl.

Los empresarios pidieron agilizar el asunto, ya que de ello depende la certidumbre jurídica y económica de miles de trabajadores que son el sustento de casi 10 mil familias.

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