ONU acusa falta de respuesta por hallazgos de restos calcinados en Teuchitlán

Ciudad de México.- A cinco meses del hallazgo de restos humanos calcinados en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el Estado mexicano no ha respondido a los cuestionamientos que organismos de Naciones Unidas enviaron en junio a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la investigación del caso, la crisis forense y la protección a defensores de derechos humanos.

En un documento divulgado este martes, grupos de trabajo y relatorías especiales de la ONU urgieron al gobierno federal a garantizar el resguardo de los restos localizados para su identificación y entrega digna a familiares de personas desaparecidas y ejecutadas arbitrariamente. Según testimonios y evidencias, el rancho habría sido utilizado como centro de reclutamiento forzado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde algunas víctimas fueron ejecutadas y calcinadas.

Los expertos expresaron preocupación por el hallazgo de al menos tres hornos crematorios y las supuestas omisiones en dos inspecciones de la Fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024, que no incluyeron una revisión exhaustiva del lugar. También recomendaron aplicar el Protocolo de Minnesota para investigar las muertes, con el fin de identificar tanto a autores materiales como a funcionarios cómplices.

En la comunicación enviada el 4 de junio, los mecanismos de la ONU formularon once preguntas al Estado mexicano, entre ellas: el uso de protocolos internacionales en la investigación, las medidas de resguardo de los restos y objetos personales, las acciones para enfrentar la crisis forense —que mantiene 72 mil cuerpos sin identificar—, y las medidas de protección a colectivos de búsqueda, particularmente en Jalisco.

La ONU recordó los asesinatos de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, integrantes de un colectivo de búsqueda, así como las amenazas contra otras personas que participaron en el hallazgo del rancho. Alertó que estos ataques se mantienen en la impunidad y sin protección efectiva para las víctimas.

Los especialistas también pidieron informar sobre las acciones para prevenir el reclutamiento forzoso, la tortura y la explotación laboral y sexual por parte del crimen organizado, con especial atención a la protección de niñas y niños conforme al Convenio 182 de la OIT.

La carta fue firmada por Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas; Matthew Gillett, vicepresidente del Grupo sobre Detención Arbitraria; Morris Tidball-Binz, relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales; Mary Lawlor, relatora sobre Defensores de Derechos Humanos, y Tomoya Obokata, relator sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud.

Hasta el momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha emitido respuesta pública a la comunicación de la ONU.

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