Un 9 de agosto más

México es un país pluricultural, que no es lo mismo que multicultural. Es decir, la multiculturalidad se refiere, en forma descriptiva, a la existencia de distintos grupos culturales que, en la práctica social y política, permanecen separados, divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa (Córdova, 2009).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, existen más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo. Representan poco más del 6% de la población mundial, y el 15% de las poblaciones más desfavorecidas. De ellos, hay más de 5 mil grupos distintos.

En México existen 68 lenguas originarias con 364 variantes. Las más habladas: náhuatl, maya, tzeltal, mixteco, tzotzil y zapoteco. Los Estados con mayor porcentaje de hablantes son: Oaxaca (26.3%), Yucatán (24.3%) y Chiapas (22.4%). Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en México 39.2 millones de personas se identificaron como indígenas. Esta población habita en 623 de los 2 mil 457 municipios del país, es decir, 25% de los municipios de México tiene población indígena.

Es importante resaltar el caso de Oaxaca, ya que de los 570 municipios con los que cuenta, 418 utilizan el sistema de usos y costumbres, lo que representa el 73%. Este sistema de gobierno se basa en normas y tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas, donde la asamblea comunitaria es la máxima autoridad. Estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán, también tienen municipios que utilizan el sistema de usos y costumbres, sin embargo, ninguno supera a Oaxaca.

De acuerdo con la socióloga y académica Karina Batthyány (2022), las personas indígenas enfrentan discriminación estructural en los mercados laborales. Los ingresos de los trabajadores indígenas promedian sólo la mitad de los de trabajadores no indígenas. Más del 86% de las personas indígenas, en comparación con el 66% de las personas no indígenas, trabajan en la economía informal, lo que limita su acceso a seguridad social. De igual manera, la falta de seguridad jurídica sigue siendo un problema clave para los pueblos indígenas. Aunado a lo anterior, en los últimos años, el desarrollo de megaproyectos ha provocado una nueva oleada de despojo de los pueblos indígenas.

En este contexto, el tema no ha escapado del uso político. En 2024, una de las candidatas a la presidencia de la república —Xóchitl Gálvez— se autonombró indígena como parte de su estrategia para ganar votos, sumado al uso del “huipil”, como si el hecho de portar esta prenda convirtiera a una persona en indígena. Pero no es la única, políticos de todos los partidos se autoadscriben como indígenas para cumplir con los requisitos de las candidaturas indígenas y acceder a cargos públicos.

Otro caso de controversia que involucra a las comunidades indígenas fue el nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz de ascendencia mixteca y originario de Oaxaca, como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, el racismo y el clasismo no se hicieron esperar, pues los comentarios vertidos, en su mayoría, eran por su origen indígena y porque declaró que no estaba interesado en usar toga, sino prendas de comunidades indígenas. Lo cual, resultó demasiado ofensivo para cierto sector de la población.

El problema en la impartición de justicia es tan severo, que resulta absurdo centrar la discusión en este tipo de cuestiones, en lugar de pensar que tipo de justicia es a la que aspiramos y cómo es que esta reforma puede generar cambios en beneficio de la población que por años ha sido víctima de un sistema de justicia selectivo.

Entre los avances más recientes en la materia, en septiembre de 2024, se aprobó la reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El propósito es reconocer a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos como sujetos colectivos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dicha reforma se justifica en la necesidad de proteger el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus sistemas normativos y su participación en decisiones que impacten sus territorios y derechos culturales.

En el marco del día Internacional de los Pueblos Indígenas, es obligado generar mayor conciencia sobre su aporte a la humanidad y la necesidad de integrarlos de manera real en los procesos de decisión. Los pueblos indígenas son más que folclor y no deben ser vistos como algo decorativo. Los agravios sufridos por parte de esta población han sido tantos, que lo único que merecen es que como sociedad les demos el lugar que les corresponde y que el 9 de agosto, no sea una fecha más.