Crisis migratoria se agudiza en Tapachula por cancelación de CBP One

Tapachula, Méx.– La cancelación del programa CBP One y otras restricciones migratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado un fuerte impacto en Tapachula, Chiapas, considerada el epicentro de la crisis migratoria en el sur de México. Activistas y migrantes denunciaron este miércoles un repunte en la actividad de traficantes de personas y el recrudecimiento de la violencia por el control de rutas hacia la frontera norte.

Según Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), los grupos criminales que operan en la región están cobrando entre 10 mil y 15 mil dólares a los migrantes por trasladarlos desde la frontera sur hasta Estados Unidos.

“Hay una guerra intestina entre cárteles y también con la policía chiapaneca, porque se disputan las rutas del tráfico y la trata de personas. La mitad de esas ganancias va para los grupos delictivos. Es una lucha por un botín multimillonario”, afirmó García Villagrán.

El activista explicó que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias de Washington, la migración irregular no se ha detenido. “Muchos migrantes cruzan el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, y desde ahí son trasladados por redes criminales hasta el norte del país”, añadió.

Desde Tapachula, la cubana Ghislayne Jiménez Moret relató que pagó 5 mil dólares para salir de su país hacia Nicaragua, y luego volvió a pagar para ser llevada hasta la frontera sur de México. 

“Nosotros no tenemos frontera, somos una isla, así que llegamos hasta Nicaragua y de ahí los ‘coyotes’ nos traen hasta acá, cobrando en dólares”, contó.

De profesión psicóloga, Moret trabaja actualmente en una empacadora, donde labora hasta 17 horas diarias para cubrir sus gastos. “No podemos parar, tenemos que pagar todo, desde la renta hasta la comida. No tenemos derechos ni papeles”, dijo.

En una situación similar se encuentra Fredy Lozano, migrante ecuatoriano que llegó a Tapachula hace un año. Denunció que, durante su travesía, autoridades migratorias le exigieron dinero a cambio de dejarlo pasar, ya que no contaba con pasaporte ni visa.

“Nos cobraban más porque éramos ecuatorianos y no teníamos permisos. Ahora estoy aquí limpiando vidrios en los semáforos mientras espero mis documentos”, relató.

La administración de Trump ha eliminado diversos beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, así como la aplicación CBP One, que permitía solicitar citas para entrar legalmente a Estados Unidos.

Como resultado, más de medio millón de personas se encuentran actualmente en un limbo legal, sin poder avanzar hacia su destino ni regularizar su situación migratoria. Muchos de ellos, atrapados en el sur de México, viven sin acceso a servicios básicos y enfrentan condiciones precarias.

Trump ha prometido acelerar las deportaciones y detenciones, en cumplimiento de su compromiso de campaña de expulsar a más de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.

Mientras tanto, en Tapachula, el endurecimiento de las políticas migratorias alimenta un mercado clandestino que pone en riesgo la vida y la dignidad de miles de personas que huyen de la violencia, la pobreza o la represión en sus países de origen.

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