Aprueba Congreso mexiquense reforma sobre áreas y empresas públicas

Toluca, Méx.- La LXII Legislatura mexiquense avaló por mayoría de votos la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para reformar la Constitución federal y modificar la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”.

Esta reforma, aprobada por el Congreso mexiquense en su calidad de Constituyente Permanente, precisa que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad.

La reforma, leída por el diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM), durante sesión deliberante presidida por el legislador Maurilio Hernández González (morena), detalla que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, como el litio y el servicio de internet.

Asimismo, que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer a la ciudadanía de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública que determine el Estado.

Añade que el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes energéticas de la nación y establece las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición en la materia y otros impactos ambientales.

La reforma, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y retroalimentada por diputadas y diputados federales, indica también que las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Durante la discusión, el parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) aseguró que se recupera la soberanía energética y se refuerza el acceso a internet para quienes siempre fueron históricamente olvidados y elogió que nunca más una empresa privada, nacional o extranjera será dueña de la riqueza que le pertenece a la población.

Por el PVEM, el legislador Israel Espíndola López subrayó que es una oportunidad para redefinir el modelo energético y asegurar que esté al servicio del pueblo y no de intereses privados, por ello empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben regresar a ser completamente públicas, pues aseveró que la energía no es un bien cualquiera, sino un derecho que debe estar bajo el control del Estado para que su explotación beneficie a todos y no solo a unos pocos.

En contraparte, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) enfatizó en que la verdadera soberanía energética no se logra con monopolios estatales, sino con elementos como la innovación y la eficiencia, por lo que Pemex y la CFE deben ser competitivos mediante una política energética que combine soberanía con competitividad, por ello indicó que el camino no es la privatización, sino la modernización de las empresas estatales para fortalecerlas y que beneficien a todas y todos los mexicanos.

Tras señalar que la reforma busca la preponderancia de la CFE y Pemex sobre empresas privadas en los sectores eléctricos y de hidrocarburos, lo cual representa una regresión, el diputado Román Francisco Cortés Lugo (PAN) puntualizó que produce una crisis financiera perpetuada, limita la generación eléctrica, obstaculiza la inversión privada, implica un retroceso en la transición energética y consolida concesiones y monopolios.

Al asegurar que la reforma no es la solución al desorden en la industria energética mexicana, la parlamentaria Maricela Beltrán Sánchez (MC) dijo que esta iniciativa forzó a elevar el rango de la Carta Magna elementos de la contrarreforma energética de 2019, la cual fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vulnerar los principios de competencia económica, otorgar ventajas competitivas indebidas a la CFE y por violar el derecho humano a un medio ambiente sano; además, denunció que los indicadores financieros de CFE y Pemex no cuentan con las condiciones mínimas para llevar el 54% de la generación eléctrica a todo el país.

El congresista Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, criticó que para la elaboración de la reforma no se realizaron parlamentos abiertos ni consultas a personas científicas ni a la sociedad civil; reprochó que el dictamen no contemple el saneamiento financiero de Pemex y la CFE; no cuente con una explicación de cómo transitar a un modelo de energías sustentables y limpias; no considere el crecimiento económico, la productividad y la competitividad; y no se alinee a la agenda 2030 ni a tratados internacionales por el cambio climático.

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