Hambre de poder: Reforma al poder judicial
Por: Jesús Humberto López Aguilar
La senda por la que la vida pública de nuestro país está transitando es, sin lugar a duda, desmoralizadora. La elección a través del voto popular de jueces, magistrados y ministros está cerca de concretarse. Una idea que va más allá de lo absurdo, al poner la justicia, un derecho universal, en manos de individuos cuyo más grande acierto haya sido el granjearse la simpatía de una mayoría de electores desinformados.
Las bases de la democracia, tal y como la conocemos en la actualidad, son, ya de por sí, erradas. El candidato que resulta victorioso es quien, en la mayoría de las ocasiones, ha expresado un mayor carisma durante la campaña o quien, simplemente, enarbole los colores del partido político mejor posicionado al momento de la elección. Entonces, el vencedor sabrá que no debe de concentrarse en desempeñar su cargo con el esfuerzo y la rectitud que en dicha labor es esencial, sino en saber vender a la ciudadanía que la gran o pobre tarea que él está realizando no se puede llevar a cabo de mejor forma que como se está haciendo durante su gestión, de la misma manera que las actuales administraciones se alzan el cuello sin ningún mérito.
Por otro lado, la justicia se hace aún más vulnerable a los poderes económicos preponderantes, incluidos los del crimen organizado, quien tiene más intereses que cualquier otro grupo en la impartición de justicia.
Como sucede con las candidaturas de los puestos de elección popular, la llegada de un individuo a la contienda estará sujeta al nepotismo, pisoteando modelos como la meritocracia o cualidades como la objetividad.
Para colmo, la reforma no exige experiencia ni cualquier otro requisito que se le parezca para poder postularse a dichos cargos.
Los acérrimos defensores de este burdo intento de hacerse con la totalidad de los poderes de la Unión argumentan que existe una supuesta mayoría que está a favor de la aprobación de la reforma. He dicho bien, supuesta, porque la verdadera mayoría es indiferente ante el craso error que se está por cometer, así como con todos los asuntos relacionados con la gobernabilidad del país.
Los foros públicos que se han desarrollado a lo largo y ancho del país han sido una simulación por parte de los orquestadores de la sucia jugada a la que llaman reforma. Su objetivo es añadir la pizca democrática que le pueda dar el sabor de la legitimidad.
Por lo visto, aquellos que, de forma inequívoca, alzarán la mano en las cámaras del poder legislativo para poner en marcha el ajuste constitucional, forman parte de una especie de mente colmena, en donde sus integrantes dejan de lado su voluntad individual para funcionar al son que marque su reina, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En vez de responder a las necesidades e intereses de los distritos o estados a los que representan, satisfacen los deseos del diablo que los hizo llegar al lugar en donde están.
No es una novedad que el Estado emane podredumbre como cuerpo en descomposición, lo que sí representa un rompimiento en la rutina política de nuestro país es la desintegración de órganos que presenten un contrapeso al todopoderoso Poder Ejecutivo.
La reacción de una oposición políticamente organizada no será una realidad en los próximos años, la respuesta, como se ha señalado en repetidas ocasiones, tiene que venir de la ciudadanía. Una ciudadanía que, tristemente, solo hace acto de presencia para reclamar una violación a sus derechos fundamentales después de que estos ya han sido transgredidos.
Es probable que el mercado frene, o al menos haga titubear, a los artífices de la reforma con consecuencias económicas negativas por la incertidumbre que esta última está generando.
Para aquellos que defienden a capa y espada el desmantelamiento del Poder Judicial, señalando con dedo santo los privilegios de los ministros o los errores en los fallos de los jueces, darían validez a sus argumentos si señalaran de la misma manera la corrupción de la administración a la que respaldan. Solo así, dejarían de rozar las lindes del fanatismo.
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