SCJN admite inconstitucionalidad contra reformas de la Ley de Comunicación Social

Ciudad de México.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán le concedió a partidos políticos y legisladores la suspensión para el efecto de que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se apliquen en el Estado de México y Coahuila, entidades que este año renovarán sus gubernaturas.

Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados federales y senadores de oposición, así como por la bancada panista, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, mientras que, la que interpuso el partido local de Jalisco “Hagamos”, fue desechada.

El ministro argumentó que resulta procedente otorgar dicha suspensión, ya que es necesario preservar la materia del juicio, toda vez que de aplicarse el criterio interpretativo en los procesos electorales que se llevan a cabo en Coahuila y Estado de México, podrían afectarse los bienes jurídicos en juego que forman parte del proceso participativo y de los procesos electorales.

El juzgador refirió que de no concederse la medida cautelar se ocasionaría un daño a la sociedad, debido a que se modificarían las reglas previstas para los procesos electorales.

Agregó que se afectarían los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando daños para el derecho ciudadano de revocación de mandato y todos los derechos que se ven inmersos en los procesos electorales.

Asimismo, destacó que el decreto impugnado se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución federal.

La SCJN ha recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el Plan B, de las cuales, 7 acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias fueron turnadas a la ponencia del ministro Pérez Dayán, quien en los próximos días deberá resolver si admite a trámite el resto de los medios de control constitucional.

Estas acciones y controversias fueron interpuestas por el Instituto Nacional Electoral, así como por municipios de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, que son gobernados por la oposición.