Análisis de nuevos gravámenes debe discutirse con el sector empresarial: CONCAEM
- Laura Velásquez Ramírez
- 6 diciembre, 2021
- Estado de México
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Toluca, Méx.- Ningún impuesto que afecte a las empresas puede ser aprobado en el Estado de México sin que el sector empresarial forme parte del análisis y discusión de sus cláusulas y se evalúe el impacto que tendría sobre las unidades económicas y la generación de empleos, refirió, Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).
El líder empresarial, precisó que la discusión de la aplicación de tres nuevos gravámenes del ámbito, no puede realizarse de manera exclusiva en el orden político y exclusivamente entre representantes de la Legislatura, pues son las empresas y los trabajadores quienes deberán vivir con sus implicaciones.
Sauza Martínez aseguró que el análisis que se ha hecho desde el sector empresarial, con respecto a la propuesta de tres nuevos gravámenes estatales arrojan algunos datos y condiciones que deben ser consideradas: En lo que refiere a la propuesta de un impuesto a personas físicas o morales por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera: debe reconocerse que la Zona Metropolitana del Valle de México es la más contaminada en el país y la del Valle de Toluca la cuarta con peor calidad del aire, por lo que las medidas para revertir esas condiciones, más que recaudatorias deben orientarse al impulso de inversiones que reduzcan la emisión de contaminantes, avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, prevenir y evitar enfermedades entre la población, de manera que se mejore su calidad de vida.
En el caso del impuesto a casas de empeño, se considera que estás pueden aportar de manera positiva en la recaudación estatal, principalmente por el creciente número de unidades económicas que se tienen en este giro y de los cuales no se tiene un control efectivo. Este sector no ha cerrado operaciones a pesar de las condiciones de pandemia, sin embargo, no tiene una definición efectiva en el cálculo de impuestos cuando las prendas empeñadas no sean recuperadas por el usuario.
Gilberto Sauza explicó que una tasa del 5% como gravamen ante la venta de los productos, permitiría fortalecer las finanzas públicas, e impactaría de manera eficiente en la prevención del lavado de dinero y la inseguridad en lo que respecta al robo de mercancías o pertenencias.
Desde los años 80, México generó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con la finalidad de determinar la forma en la que la Federación debería de distribuir los recursos entre todas las entidades federativas y de igual forma como los Estados auxiliarían a la federación para fiscalizar; así como evitar tributaciones federales y estatales que grabarán la misma actividad, pero en 2013, al reformar al artículo 43 de la ley del IVA se autorizó que los estados establecieran impuesto cedulares.
Refirió que sabe de la necesidad de incrementar los recursos con los que cuenta el Estado, porque son los que permiten ofrecer servicios públicos y mantener la operatividad en diferentes ámbitos de la entidad, como educación, salud y seguridad, entre otros, pero una decisión en materia de impuestos debe ser empática, proporcional y equitativa.
El presidente de Concaem añadió que de acuerdo con la tasa impositiva de 5 por ciento establecida en la propuesta, se tendría un efecto directo menor al 3 por ciento directo en el pago del impuesto causado, por la deducibilidad directa que tendría este impuesto, respecto del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Ante un escenario de pandemia, reducción de fuentes laborales y cierre de unidades económicas es indispensable asegurar que este impuesto no significará una sobre regulación a quienes hoy ya tributan o que sea un factor que inhiba la llegada de inversión al territorio estatal e impacte en la generación de empleos.
Finalmente, indicó que este impuesto tiene las posibilidades de ser deducible, las condiciones operativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el último año, han complicado que las y los contribuyentes puedan cumplir con sus trámites y procedimientos.