Reelección de diputados: buen momento para ajustar cuentas
No hay duda de que la elección de los nuevos diputados al Congreso de la Unión será el epicentro de la batalla electoral que se avecina. Por esta razón, considero útil que la gran masa de electores recuerde cuáles son las funciones básicas de un diputado; de ese modo se hallará capacitada para juzgar y calificar el trabajo de todos los que irán a pedirle por segunda vez su confianza y su voto, pero particularmente a los morenistas, que por ser la aplastante mayoría en el Congreso actual, son los responsables de lo que se hizo o dejó de hacer en el periodo que termina el 1º de septiembre.
Doy mi modesta opinión. La primera y más esencial tarea de los diputados es legislar, es decir, crear y aprobar leyes (o reformar las ya existentes) para beneficio del país, de sus instituciones y del Gobierno en general. También para garantizar, perfeccionar y ampliar los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Conoce usted, amigo lector, lectora, alguna ley nueva, o modificación de alguna anterior, de indudable beneficio para pueblo y Gobierno, aprobadas por los diputados de Morena? ¿De qué buenas leyes ha oído hablar o se ha enterado a través de los medios? Creo que tendrá usted que sudar mucho para dar un ejemplo creíble del buen desempeño legislativo de los morenistas. En cambio, le sobrarán ejemplos en sentido contrario.
La mayoría morenista en el Congreso aprobó la ampliación del catálogo de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, de poco más de 20 que había en el pasado a más de 200 en la actualidad. Esto representa un serio peligro para el ciudadano de a pie. La prisión preventiva, que en el papel puede parecer inocua, en los hechos significa la pérdida inmediata de la libertad de una persona “por orden del juez”. Su aplicación no depende de que el acusado sea encontrado culpable ni de la gravedad del delito que se le impute, sino del mayor o menor riesgo de que se fugue y se ponga fuera del alcance de la ley. Pero medir tal peligro se deja enteramente a la discrecionalidad, a la apreciación subjetiva del juez, lo que abre la puerta a la arbitrariedad, a la “mordida” y al espíritu de revancha, y deja a la víctima en estado de total indefensión.
La misma mayoría morenista aprobó la “ley de extinción de dominio”, que faculta al Gobierno a confiscar los bienes de un acusado de enriquecimiento ilícito y a enajenarlos de inmediato, sin esperar a que la justicia dicte sentencia. En caso de ser declarado inocente, el gobierno solo está obligado a “indemnizarlo” de acuerdo con un avalúo ejecutado por el mismo Gobierno. Esta ley vulnera el derecho de propiedad y viola la garantía constitucional que dice que ninguna persona podrá ser molestada en su domicilio, papeles, bienes o posesiones, sin una orden judicial debidamente fundada y motivada. Incentiva, además, las acusaciones falsas y las delaciones por venganza o por ambición, ya sea de particulares o de funcionarios que aducirán el interés público.
