Propone CONCAEM opciones para destrabar inversión
- Laura Velásquez Ramírez
- 11 agosto, 2020
- Estado de México
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Toluca, Méx.- El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM) acordó un trabajo conjunto con la Legislatura local en materia de desregulación administrativa, así como solicitar la eliminación de la exigencia del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) por el resto del año, en tanto se trabaja de manera coordinada con el sector un ajuste de la actual ley, esto con el objetivo de fomentar la llegada de inversiones a la entidad ante las condiciones adversas que se enfrentan en materia económica, derivado de la pandemia de Covid-19.
Tras la propuesta de la eliminación del DUF, presentada por la Comisión de Desarrollo Económico, se manifestó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local (Jucopo), Maurilio Hernández y a la diputada Mónica Álvarez Nemer, una serie de propuestas que garanticen un verdadero impacto en la llegada de negocios y el destrabe de inversiones pendientes.
Entre las propuestas del CONCAEM, destacan la implementación de un programa para la desregulación de la actividad empresarial, que permita la identificación de ineficiencias, duplicidades y sobre regulación de actividades productivas, tanto en la esfera estatal como municipal; la Abrogación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, que ha sobre regulado diversas actividades económicas de nulo y bajo riesgo; la Revisión de las principales regulaciones del Código Administrativo del Estado de México y sus reglamentos.
Asimismo, la participación del Órgano Superior de Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría, en la supervisión permanente del funcionamiento de la Comisión Estatal de Factibilidad del Estado de México, que garantice el cumplimiento de tiempos establecidos y sancione ante negligencias que impidan el cumplimiento de los objetivos de la Ley; la Aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como del Código Penal del Estado de México, en materia de Obstrucción de Inversión, a fin de evitar retrasos en la prestación de trámites y servicios asociados con la construcción y apertura de empresas.
Marco Antonio Ríos Vilchis, vicepresidente de inversión de CONCAEM, explicó que de esta manera lo que se busca es aplicar una verdadera desregulación que categorice los giros de manera objetiva y elimine discrecionalidad en el tema.
Maurilio Hernández, presidente de la JUCOPO, indicó que, se buscará establecer mesas de trabajo coordinadas, que permitan que la propuesta final sea acorde a las necesidades del sector. “Que nosotros podamos lograr un acuerdo para que cuando quienes deben resolver y cómo se debe atacar este problema que representa el Dictamen Único de Factibilidad no en cuanto a su existencia sino en cuanto al manejo que se da por la autoridad son ustedes, si hay que flexibilizarlo, reducir requisitos o alguna modificación son ustedes y lo que queremos es presentar una iniciativa acorde a esto”.
A su vez, Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de CONCAEM, explicó que, en este sentido, el punto de fracaso fundamental del DUF es que no se han aplicado sanciones en la materia. “Falta la fiscalización de esos procesos, falta que la Secretaría de la Contraloría y que realice una función muy puntual de verificar qué autoridades están cumpliendo y qué autoridades no están cumpliendo con los términos determinados por la ley, sin importar que la ley esté perfecta, no va a pasar nada si no hay sanciones para todos aquellos funcionarios que no cumplen y que evaden la responsabilidad que les corresponde legalmente para que con ello se pueda dar la eficiencia y puntualidad en los trámites que ya están determinados por ley”.
De acuerdo con la presidenta de la Cámara de la Industria de la Transformación en el Estado de México (CANACINTRA), Imelda Meza Parrilla, el análisis que se ha hecho es que en el Estado de México una empresa debe gastar entre 500 y 700 pesos por metro cuadrado de construcción para la realización de trámites administrativos, situación que es apremiante corregir si se quiere incrementar el nivel de competitividad y atractivo de la entidad. Otras de las propuestas presentadas por el sector son la desaparición del concepto “restaurante bar” y establecer los restaurantes con servicio completo con lo que podrían ser giros de mediano impacto diferenciados de bares, billares, discotecas o antros.