Impuestos contra la obesidad

Muy a nuestro pesar, México se ha ganado esos nada gratos primeros lugares en temas preocupantes como feminicidios, embarazo adolescente, desigualdad, corrupción y lamentablemente en obesidad; este último considerado un problema de salud pública que cada vez afecta más a la población mexicana.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestro país tiene una de las mayores tasas de obesidad y sobrepeso infantil en el mundo. De acuerdo con la encuesta de salud y nutrición 2016, la prevalencia de sobre peso y obesidad combinada en la población escolar de 5 a 11 años, es de 33%, mientras que en adolescentes de 12 a 19 años, es de casi un 37%, lo cual muestra que los hábitos alimenticios de la población infantil y adolescente debe modificarse de manera urgente, ya que solo el 22 % de infantes y 30% de adolescentes consume regularmente verduras y, apenas un 45% de infantes y 40% de adolescentes, consume frutas.
En el caso de la población adulta las cosas no son muy distintas, el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló en 2018, que la obesidad en los adultos ha ido a la alza y entre 2012 y 2016, se reportó un aumento de 3.8 millones al pasar de 20.5 a 24.3 millones de personas.
Es innegable que gran parte del problema se relaciona con prácticas sedentarias, como ver televisión, así como con el consumo de alimentos bajo una publicidad engañosa que dista mucho de aquello que se supone deberíamos consumir para una dieta “saludable”, por ello es importante reflexionar sobre la necesidad de regular el consumo, el diseño y la venta de alimentos que han contribuido a que la obesidad haya alcanzado dimensiones preocupantes y que debe llevar a pensar en el diseño e implementación de programas de prevención para los diferentes sectores de la población.
En 2014, el gobierno mexicano instauro una política fiscal donde se decidió que el consumidor pagaría un impuesto mayor en bebidas azucaradas sin embargo, no existe evidencia alguna que sostenga que el aumento de un impuesto ayude al combate de un problema de salud como la obesidad. No se puede rechazar categóricamente esta propuesta no obstante, una decisión de este tipo debió ser acompañada de otras medidas como el aseguramiento de agua potable y alimentos “saludables” a la población, ya que existen lugares de la república donde no llega el agua potable pero irónicamente si, los camiones de refresco, donas y papas.
Es oportuno trabajar en un marco jurídico que garantice el derecho a la información y permita tomar mejores decisiones respecto a los alimentos que se ingieren de manera regular, así como reglamentar a las grandes industrias a fin de contar con un etiquetado frontal lo suficientemente claro y entendible para todos, con el propósito de identificar los componentes de los alimentos que consumimos y comprobar si son o no, dañinos para la salud.
Cómo saber si un 34% de grasas saturadas, un 23% de azúcares totales y un 20% de sodio es mucho o poco. Nuestro etiquetado es incomprensible, ilegible por el tamaño de la letra y evidentemente engañoso, a tal punto que ni siquiera alumnos de nutrición son capaces de entender y descifrar de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Frases como comer frutas y verduras, chécate, mídete y muévete, no combaten la complejidad del problema, es más bien una simplificación del mismo que nos aleja de la posibilidad de saber si somos lo que comemos o bien, se puede ser “gordito pero feliz”.