Realizan marcha por desaparición de los 43 de Ayotzinapa
- Fernanda Medina González
- 27 septiembre, 2021
- Nacional e Internacional
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Ciudad de México.- En el marco del séptimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, en Nueva York, Estados Unidos, realizaron una serie de actividades para exigir justicia. Organizadas por Antonio Tizapa, padre del normalista Jorge Tizapa, las actividades arrancaron iniciaron anoche con una vigilia afuera del Consulado de México en esta ciudad, ubicado en la calle 39 de Manhattan.
Mientras que familiares y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharon en la Ciudad de México, lo anterior como parte de la “LXXXIV Acción Global por Ayotzinapa y por México”.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, considerada una de las mayores tragedias de derechos humanos en México, cumple este domingo siete años con solo tres de los jóvenes identificados y el principal investigador del caso en el gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en Israel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hace casi tres años reanudar las búsquedas, con lo que se identificaron restos de dos nuevos estudiantes, e investigar a los responsables de la administración pasada que dieron carpetazo al caso con un falso relato de los hechos construidos a partir de torturas a testigos.
Sin embargo, el hartazgo comienza a aflorar entre las familias, que dieron un voto de confianza a la Comisión de la Verdad creada por López Obrador, pero que sienten que la Fiscalía General de la República y el Ejército ponen trabas al proceso.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por presuntos policías corruptos en Iguala, Guerrero, y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El actual gobierno derrumbó definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
La Comisión de la Verdad, dirigida por Alejandro Encinas, da por hecho que los estudiantes nunca estuvieron juntos en un mismo lugar y que en la desaparición participaron criminales y fuerzas de seguridad de todos los niveles, no solo policías municipales.
Hace un año, en el sexto aniversario de la tragedia, el presidente anunció que por primera vez había órdenes de captura contra militares por el caso y poco después fue arrestado el capitán José Martínez Crespo.
Pero en varios actos de protesta de esta semana, las familias han denunciado que, si bien valoran los esfuerzos de la Comisión de la Verdad y del fiscal especializado, Omar Gómez, la Fiscalía General procrastina las detenciones y el Ejército esconde información.
De las 89 órdenes de captura por el caso Ayotzinapa, todavía siguen pendientes 40. Asimismo, al menos 21 personas vinculadas han muerto o han sido asesinadas, lo que dificulta cada vez más el acceso a la verdad.
Las órdenes de arresto incluyen, además de los perpetradores, a funcionarios del gobierno anterior que diseñaron la “verdad histórica”.
Durante una reunión el viernes entre el gobierno y las familias, López Obrador anunció que mandó una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para que acelere la entrega de Tomás Zerón, que huyó a ese país con el que México no tiene tratado de extradición.
El que fuera director de la ya extinta Agencia de Investigación Criminal está acusado de construir la “verdad histórica” con la fabricación de pruebas y la tortura de sospechosos y testigos. La fiscalía especializada ha recabado 40 vídeos de torturas durante las pesquisas.
En la mira de las familias estarían el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong e incluso el mismo presidente Peña Nieto.