Terapias de conversión atentan contra la dignidad y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTTTI

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) reconoce el interés de la LX Legislatura mexiquense al analizar la iniciativa de ley que busca prohibir las terapias de conversión de personas con orientación sexual diversa, respondiendo a una demanda de la población LGBTTTI que permitirá evitar actos de discriminación, tortura física y psicológica, así como conductas autodestructivas y suicidios.
Al respecto, el ombudsman Jorge Olvera García precisó que desde marzo de 2018, la Codhem fijó su postura contra las terapias destinadas a modificar la orientación sexual e identidad de género, toda vez que es una acción que atenta contra la dignidad de las personas y violenta sus derechos humanos a la igualdad, y no discriminación y a una vida libre de violencia.
Asimismo, integrantes de la asociación civil Fuera del Clóset, con quienes la Codhem trabaja de manera coordinada para concientizar a la sociedad sobre los derechos humanos de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), denunciaron ante la propia Defensoría de Habitantes que entre los métodos utilizados en esas terapias hay actos de tortura psicológica, cocteles medicinales y hasta vejaciones sexuales.
En ese sentido, Olvera García reitera la postura de la Codhem para poner un alto a los “tratamientos” que consideren como supuesta condición médica a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, pues son contrarios a los derechos y libertades de las personas.
Aunado a ello, el presidente de la Codhem argumentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que la orientación sexual de una persona está ligada al concepto de libertad y a la posibilidad de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus convicciones.
Cabe indicar que la iniciativa de ley que se analiza en el Congreso local, fue presentada por la diputada Beatriz García Villegas y busca modificar el artículo 211 del Código Penal del Estado de México, para sancionar con prisión de uno a tres años, 25 a 100 días de trabajo comunitario y multa de hasta 50 a 200 días-multa a quien promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio con la pretensión de cambiar la orientación sexual o identidad de género.