La IP de La Paz pide a tribunales resolver conflicto con ejidatarios

La Paz, Méx.- Urge que magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, emitan un fallo definitivo ajustado a Derecho para impedir que un grupo de ejidatarios hostigue y amenace a comerciantes y empresarios, apoyándose en juicios “sospechosos” que pretenden apoderarse del ejido Los Reyes y su barrio Tecamachalco, todo ello sin pruebas ni documentos que amparen la propiedad de 1,094 hectáreas.

Así lo manifestó el dirigente empresarial Eduardo Doval Vidal, quien señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado de manera precisa que la certeza jurídica es un hecho en nuestro país, y cada diferendo debe ajustarse a pruebas, testimonios y documentos, “sin componendas ni compadrazgos”.

Destacó el inversionista que las 15 empresas que sostienen un juicio contra el “cártel ejidal” de esta localidad, encabezado por el exalcalde Víctor Corona Arrieta y los señores Mario Medina Serrano, Juana María Acosta, Vicente Méndez Torres y Lázaro Molina Arrieta, no cederán un ápice en su lucha por conservar los terrenos que legítimamente les pertenecen, ya que la expropiación de 1926 solo abarcó 297 hectáreas de la exhacienda de San Isidro, quedando intactas más de 700 hectáreas del ejido Los Reyes y su barrio Tecamachalco.

Indicó que las resoluciones del Tribunal Superior Agrario y el Registro Agrario Nacional a favor del sector privado, así como la documentación cartográfica, demuestran la validez legal y sustentada de la propiedad.

Añadió que los habitantes de La Paz están preocupados por la posible pérdida de su patrimonio familiar o negocios debido al conflicto territorial, ya que, según los vecinos, los campesinos han presentado planos elaborados por la PGR en los que señalan que son dueños de todo el municipio, lo que ha generado temor y desazón entre los residentes en torno al futuro de su patrimonio.

Los ejidatarios, puntualizó Doval Vidal, alegan que son dueños de todo el territorio municipal, y esto ha llevado a una disputa con habitantes y comerciantes, a quienes hostigan pretendiendo cobrarles “renta” por la ocupación de las áreas que ocupan.

Lamentó que la “complacencia” de la Secretaria de la Reforma Agraria haya alargado el conflicto y que los ejidatarios presenten como “prueba” unos planos elaborados en su momento por la Procuraduría General de la República, lo que no puede considerarse como prueba porque esa dependencia no estaba facultada para elaborar planos.

El empresario dijo confiar en la palabra de la Presidenta de México para resolver el diferendo de manera ágil y expedita, ya que 10 mil familias dependen del sector privado en esta zona del Estado de México.