SRE respaldará a migrantes mexicanos ante Trump 

Ciudad de México.- La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfrenta un desafío financiero en el primer mes de la administración de Donald Trump, ya que gastará 40% de su presupuesto en febrero. 

Según el calendario de presupuesto autorizado, la Consultoría contará con 58.6 millones de pesos, de los cuales 23.6 millones están programados para gastarse en febrero.

Esta área es responsable de defender a los mexicanos en el extranjero, y su presupuesto se ha reducido en 3.45% en comparación con 2024. 

La Consultoría también enfrenta el reto de implementar medidas para proteger a los migrantes mexicanos ante la amenaza de Trump de deportaciones masivas.

El canciller Juan Ramón de la Fuente, anunció que México alista un “ejército de abogados” para defender a los connacionales, con un total de 2 mil 610 abogados y asistentes. 

“En total, la fuerza jurídica que hemos logrado concentrar en los consulados, los equipos jurídicos, incluyendo abogados y asistentes, suman dos mil 610 y si se requieren más incorporaremos más”.

Para José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en El Colegio de la Frontera Norte, la SRE enfrenta un panorama complicado para ejercer sus funciones con estas restricciones presupuestales, aunque subrayó que el gobierno implementó alternativas como la aplicación que desarrolla actualmente la Agencia Mexicana de Transformación Digital en la que los migrantes podrán alertar al consulado más cercano, familiares o contactos de confianza en casos de emergencia.

Ramos García recordó que la Cancillería firmó un acuerdo de colaboración con organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos para que 350 abogados brinden asesoría a los migrantes mexicanos.

Además, la Cancillería firmó un acuerdo con organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos para brindar asesoría a los migrantes mexicanos.

Además, tiene otras responsabilidades, como dar seguimiento a la demanda contra Ecuador por la irrupción violenta a la embajada mexicana en Quito, y la demanda civil contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos por facilitar el tráfico de armas a México.

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