Agresor o víctima

Castigar a la víctima y no al agresor ¿Dónde puede pasar eso? en nuestro querido México, dónde más. La Fiscalía de Querétaro acusó a Esmeralda de 14 años de homicidio doloso después de sufrir un aborto espontáneo —lo cual se sustenta en estudios y peritajes médicos—. Se sabe que Esmeralda estudia la secundaria y vive con su papá en la comunidad indígena de Huimilpan, en el Estado de Querétaro. En 2023, fue abusada sexualmente por un familiar de 17 años. Meses después de la violación, la menor tuvo un aborto espontáneo en el baño de su casa. Cabe señalar que Esmeralda no sabía que estaba embarazada.

Ante la exposición mediática que cobró el caso al llegar a la conferencia matutina del lunes 28 de octubre, el Fiscal de Querétaro; Víctor Antonio De Jesús Hernández, desistió de la acción penal en contra de Esmeralda, quien contaba con una carpeta de investigación abierta y prisión domiciliaria como medida cautelar. Mientras que la carpeta por violación en contra del familiar que se sabe que fue el agresor, había sido cerrada, pues terminó en el no ejercicio de la acción penal, lo que quiere decir que ni siquiera fue vinculado a proceso.

El fiscal se intentó lavar las manos argumentando que la carpeta de investigación se abrió antes de que el ocupara el cargo, la pregunta es ¿Por qué no revisar un caso del que no conocía los detalles? Por otro lado, mientras existen pruebas médicas que hablan de que el feto padecía malformaciones congénitas, que falleció por muerte natural y que el mecanismo fue por asfixia prenatal (antes del nacimiento), o hipoxia fetal crónica. Es decir, que se trató de un aborto espontáneo, en el cual hubo desprendimiento total del producto y de la placenta, el fiscal afirmaba tener pruebas de que el motivo del fallecimiento fue “asfixia por estrangulamiento”. Aseveraba que el bebé nació y respiró. De igual manera, el fiscal señaló: “tenemos datos de prueba en el sentido de que tenía (Esmeralda) conocimiento del embarazo”. Si contaban con las pruebas ¿Por qué no pudo sostenerlas? lo que tenía que hacer tanto él, como su equipo, era defender la investigación si había manera de probar su veracidad.

Antes de que el caso de la niña se hiciera público, se buscaba imponer una pena de 2 a 3 años de internamiento en un centro de reinserción social para adolescentes. De igual modo, la fiscalía solicitaba una reparación del daño de 518 mil pesos, cantidad que sería destinada a quien acreditara interés jurídico en el caso, que en este hecho es el padre biológico (el violador), quien mediante una prueba genética tendría que demostrar la paternidad. Es una verdadera infamia lo que vivió la menor y lo que pudo llegar a pasar por un juez como Víctor De Jesús que después de esto, no tendría por qué seguir ejerciendo, ya que ha dejado claro que se encuentra del lado de quienes cometan el delito y no de las víctimas.

Un ejemplo como este, ayuda a entender porque solo 7 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías Estatales en 2023, contaron con una resolución. Es así como la impunidad se ha mantenido por encima del 90% (93.63%) desde 2018, esto, con base en el reporte “Hallazgos 2023” publicado por México Evalúa hace unos días.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2023 se atendió a 9 mil 802 personas de entre 1 y 17 años por violencia sexual en hospitales de todo el país. De los cuales, 755 son del sexo masculino, 9 mil 045 del sexo femenino y en 2 casos no se especifica. Es importante señalar que el número de niñas, niños y adolescentes atendidas por violencia sexual en hospitales del país no corresponde con la totalidad de las víctimas de violencia sexual a nivel nacional, señala dicha organización. Existen un sin número de casos que no se conocen, no se denuncian y aun cuando se hace, las posibilidades de hacer justicia son casi nulas.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su comunicado de prensa número 706 publicado el 23 de noviembre, muestra que, en 2022 de acuerdo con datos de las Fiscalías Generales de Justicia Estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños de esta edad, con 4 mil 197 y 884 casos, respectivamente. Alarmante y atroz que nuestras infancias estén viviendo este tipo de situaciones donde la familia, la sociedad y el Estado, no son capaces de garantizar una niñez sin violencia, pues hay casos donde todos fallan y la víctima se vuelve un número o se pierde en la inmensa mayoría de agresiones sexuales que no se conocen o se intentan ocultar, incluso por la propia familia.

En este contexto, de los casos registrados a nivel nacional en 2023, el principal sitio en que se reportan agresiones sexuales contra niñas y mujeres adolescentes es en una vivienda: 75.1% de los casos. En cuanto a los agresores sexuales de las mujeres de entre 1 y 17 años, los conocidos sin parentesco representan una proporción significativa (19.2%), seguido de primos, tíos, hermanos o abuelos (16.9%), sumado a padres y padrastros (13.4%) (REDIM, 2024).

Los números no mienten, los agresores sexuales de las mujeres están más cerca de lo que se piensa. No cerremos los ojos y por más que cueste trabajo pensarlo, se debe estar alerta de familiares y conocidos, ya que el agresor, puede estar ahí. Esmeralda tiene tan solo 14 años, su caso se ha hecho viral y no sabemos cómo este procesando la situación o que tan complicado será retomar su vida. Solo resta esperar que su caso sirva de algo o de mucho, no más casos como el de Esmeralda.