Acceso a la información empodera a la ciudadanía y evita actos de corrupción

Toluca, Méx.- Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), expresó que con las leyes estatales de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la de Transparencia y Acceso a la Información; la población cuenta con un marco jurídico sólido para ejercer su derecho y exigir a las autoridades que rindan cuentas.
A 18 años de la publicación y entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la ciudadanía tiene en su poder una herramienta que le brinda la posibilidad de empoderarse y exigir rendición de cuentas a cualquier persona que trabaja en todo nivel de gobierno en la entidad, además de vigilar y prevenir posibles actos de corrupción, aseveró Parra Noriega.
El Comisionado del Infoem, expresó que a la par de dicha Ley estatal, se encuentra la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con lo que la población cuenta con un marco jurídico sólido para ejercer su derecho y exigir a las autoridades que rindan cuentas.
“Cada uno de nosotros puede preguntar sobre las actividades, funciones y tareas que realiza cualquier servidora o servidor público, lo que nos permite mantener un control, a través del cual, toda funcionaria y funcionario se encuentra vigilado y de esa manera mitigar la corrupción y empoderar a cada ciudadana y ciudadano para que solicite lo que es suyo: la información pública”, argumentó el Comisionado, quien invitó a toda la población a ejercer este derecho humano.
Durante su participación en la capacitación virtual “Derecho de Acceso a la Información, Clasificación de la Información y Responsabilidades Administrativas”, dirigida a servidoras y servidores públicos de los ayuntamientos de Chapa de Mota, San José del Rincón y Timilpan, Parra Noriega añadió que este mes de mayo, la normatividad en la materia obliga a las y los servidores públicos a realizar su declaración patrimonial y de intereses, pues actualmente existe un mayor control sobre las acciones realizadas por las y los funcionarios, en todas las instituciones públicas, a fin de implementar mayores mecanismos de control para evitar que cometan actos de corrupción.
Por ello, dijo, todo acto realizado por la o el servidor público, en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, debe estar plasmado en un documento; motivo por el cual enfatizó en la importancia de tener los archivos públicos del municipio ordenados y actualizados, sin olvidar que éstos no son patrimonio de las o los funcionarios, sino que son propiedad de toda la población y es su derecho solicitarlos.
El Comisionado destacó que sólo en pocos casos, entregar información pública puede causar algún riesgo y es cuando, con apoyo del Comité de Transparencia de cada sujeto obligado, debe elaborarse la prueba de daño, en la cual se fundamenten y motiven las razones por las cuales la información requerida no puede entregarse a la o el solicitante y debe ser clasificada como reservada o confidencial.