Iniciativa privada y autoridades deben trabajar en políticas públicas de inclusión de la mujer

Toluca, Méx.- México tiene grandes retos en materia de equidad y justicia para las mujeres de nuestro país, quienes son fundamentales para conseguir la recuperación económica del país, ante la pandemia por COVID-19. Esto se relaciona con garantizarles la totalidad de los derechos laborales, crear un ambiente que les permita desarrollarse profesional y económicamente, sin que las condiciones de género sean un impedimento.
Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), refirió que actualmente algunas de las firmas que conforman el Consejo, han establecido metas ambiciosas en materia de inclusión laboral: lograr que al menos el 50% de sus colaboradores sean mujeres, y tener en todas las áreas de liderazgo la misma proporción de mujeres que de hombres, garantizando, además, equidad en los salarios y en sus condiciones laborales.
Indicó que, de acuerdo con el último dato referido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Estado de México se ubica en la posición número 23 a nivel nacional por el índice de equidad y acceso a derechos laborales de las mujeres con tan solo 37.6 puntos de los 100 evaluadas. Cabe señalar que de los 32 estados de la República 30 se encuentran reprobados en la materia.
Esto, explicó, tiene que ver con un salario justo, horarios laborales que les permitan desarrollar sus actividades de manera eficiente, acceso a puestos directivos y políticas flexibles para las mujeres, por lo que es fundamental el trabajo conjunto del sector empresarial y las autoridades.
Deben definirse políticas públicas que mejoren las condiciones de acceso a una vida libre de violencia económica. Para ello, dijo, deben involucrarse las empresas en la definición de espacios y políticas que permitan el desarrollo profesional de las mujeres, y desde la autoridad, deben promoverse incentivos para la contratación de mujeres y ello se vea reflejado en mayor rentabilidad para las empresas y crecimiento económico.
“Se trata de qué sentemos las bases para que todas las personas podamos vivir en un ambiente en donde nos desarrollemos personal y profesionalmente; el bienestar de la población inicia cuando tenemos políticas públicas que incentivan la contratación de las mujeres, que les ofrecen puestos de liderazgo y que sientan las bases para que el impacto que representan en la economía y en la sociedad alcance su verdadero potencial”
La Organización Internacional del Trabajo -explicó Sauza Martínez- destaca que la condición de reincorporación de las mujeres a sus puestos laborales tras la pandemia aún está lejos de ser una realidad. Mientras la tasa de desocupación promedio para los hombres es de 8.3%, para las mujeres alcanza el 12.4%; la tasa de informalidad femenina es el 43% y alrededor del 72% del trabajo doméstico es informal o no remunerado.
“Es un acto de responsabilidad y de justicia, pero es además una inversión rentable para todos, las mujeres en puestos directivos generan mayores rendimientos a las empresas, se convierten en espacios de alta creatividad e innovación y desarrollan ambientes de trabajo mucho más productivos y socialmente responsables”
Cabe señalar que al momento la brecha salarial en nuestro país alcanza aún el 19% y de acuerdo con datos del Banco Mundial, el simple hecho de equilibrar el acceso de las mujeres a la población ocupada del país podría crecer el Producto Interno Bruto (PIB) hasta un 15%, esto sería posible con la incorporación de 8.2 millones de mujeres a la economía para el año 2030.