Urge revisar y modificar el sistema penitenciario en EdoMéx: Juárez

Toluca, Méx.- Durante el segundo día del foro “Hacia un Modelo Penitenciario que Respete los Derechos Humanos”, el presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez consideró que es urgente una revisión integral y modificación del Sistema Penitenciario en el Estado de México porque hoy los centros penitenciarios se han convertido en centros de negocios, de extorsión y de control de narcotráfico.
“Es necesario modificar esquemas, realizar traslados de internos de un penal a otro para controlar las disputas, la venta de droga, y uso de celulares desde donde se hacen llamadas de extorsión”.
En el foro realizado en coordinación con la participación de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, así como familiares de personas privadas de la libertad (Ppl), el legislador consideró que debe haber evaluaciones a fondo en los penales y en la designación de los directivos y frenar el control que ejercen algunos custodios.
Dio a conocer que la Comisión Especial organizará visitas a los centros penitenciarios, pero serán de manera sorpresiva, pues de otra forma se ocultan todos los abusos que padecen las personas privadas de la libertad y sus familiares.
Dijo que desde la Comisión Especial que preside se enfocará en atender los abusos en los penales, lo que implicará tocar muchos intereses y reconoció que implica un riesgo involucrarse en estos temas, pues tienen que revisarse los reglamentos de los centros penitenciarios y garantizar que se apliquen, así como pedir informes de la situación presupuestal en la que operan estos sitios.
Mientras, el visitador General de Supervisión Penitenciaria de la Codhem, Carlos Valdes Andrade informó que en la entidad mexiquense, por cada 100 mil habitantes, hay 165 personas privadas de la libertad y el número de internos aumento un seis por ciento en 2021, lo que hoy significa que la capacidad de internamiento esté sobrepasada, pues los penales están diseñados para albergar a 16 mil y hay más de 32 mil lo que afecta gravemente la operatividad y genera violaciones a derechos humanos.
Ahí, la coordinadora general del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, Fabiola Vite Torres, dijo que quienes ingresan a los penales, son en su mayoría hombres jóvenes que no tuvieron acceso a estudios universitarios, con estudios de secundaria, que fueron padres adolescentes e indígenas a quienes no se les ha reconocido como tal, y alertó por el alto número de personas privadas de la libertad sin sentencia.
Mientras que un informe de la organización reportó que los familiares tienen que pagar por acceso a camas, a alimentación de las personas privadas de la libertad, y presentan prácticas de autogobierno, un 83 por ciento de familiares son obligados a dar dinero, un 72 por ciento experimenta abusos de autoridad en su visita.
Finalmente, la activista pidió que la Comisión de Amnistía retome y aperture el sistema de recepción de peticiones de amnistía, que se instaure de manera permanente la comisión y que mantenga una observación del sistema de justicia y el penitenciario como ya ocurre actualmente en Chiapas con casos exitosos.