Elevar a rango constitucional el derecho humano a la buena administración pública: CODHEM

Toluca, Méx.- En el marco de la firma de dos convenios con el secretario de la Contraloría del gobierno estatal Javier Vargas Zempoaltecatl, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Myrna Araceli García Morón, planteó la posición de la Codhem sobre la necesidad urgente de legislar y establecer en la Constitución del Estado Libre y Soberano de México el derecho humano a la buena administración pública.
Asimismo, el jurista Jaime Rodríguez-Arana Muñoz afirmó en su conferencia magistral “Derecho humano a una buena administración pública”, que el poder público está para que se reconozca y promueva la dignidad humana y por tanto, todas las categorías del Derecho deben construirse y diseñarse desde la dignidad humana.
La presidenta de la Codhem señaló que con los convenios se hace una alianza estratégica para consolidar los principios que rigen el servicio público y atienden el buen desarrollo de sus funciones, bajo los parámetros de transparencia y rendición de cuentas, elementales componentes del derecho humano a la buena administración pública, el cual no es un derecho explícito, pero que desde el año 2000 lo establece el artículo 41 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea y en México ya lo tiene contemplado la Ciudad de México.
Asimismo, García Morón destacó la visión de Jaime Rodríguez-Arana Muñoz por superar la visión restrictiva de lo considerado tradicionalmente como intereses generales, para abarcar los intereses de los ciudadanos en el quehacer administrativo.
En su discurso, el secretario Javier Vargas Zempoaltecatl subrayó que para el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, es fundamental el diálogo con los organismos públicos autónomos y con la ciudadanía, ya que se trata de un elemento clave para alcanzar un gobierno abierto, democrático y transparente.
Manifestó que la Secretaría de la Contraloría y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) comparten valores que son fundamentales en la vida institucional del sector público, tales como: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
Vargas Zempoaltecatl informó que los presentes convenios permitirán la impartición de cursos, talleres, conferencias sobre derechos humanos y obligaciones, responsabilidades y derechos en la administración pública, así como la realización conjunta de actividades que incidan en el fortalecimiento de la paz social y la cultura de los derechos humanos.
Agregó que también coadyuvarán en la implementación de mecanismos de control interno dentro de la propia Comisión y en el establecimiento de las bases para que se continúe utilizando el sistema Declaranet, a efecto de eficientar el cumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas que tiene adscritas.
En su disertación, el jurista, político y profesor universitario Jaime Rodríguez-Arana Muñoz explicó que el derecho humano a la buena administración pública ya está reconocido en la Ciudad de México y en Europa a través del artículo 41 de la de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea, pero no tiene el reconocimiento que debiera en todo el mundo.
Detalló que los seres humanos necesitamos que el Estado y la administración se gestionen de tal manera que efectivamente protejan y defiendan la libertad y la seguridad de las personas, ya que esa es la razón de fondo de la Constitución fundamental del derecho humano e insistió que más allá de lo que muchos colegas dicen, el derecho a la buena administración pública es un auténtico y genuino derecho humano.
Por último, mencionó algunos de los 23 derechos que componen el derecho humano a la buena administración pública como el de presentar quejas y reclamaciones, de acceso a la información pública, a la transparencia, a que los archivos de las instituciones estén bien organizados, a ser informados y asesorarse, a ser tratado con cortesía y cordialidad, a conocer en su momento el estado real de la tramitación, a ser notificados por escrito, a participar en asociaciones de usuarios de servicios públicos, entre otros.