Oposición presentará acción de inconstitucionalidad sobre obras federales
- Fernanda Medina González
- 24 noviembre, 2021
- Nacional e Internacional
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Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional revelaron que presentarán una controversia constitucional al acuerdo que se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación con el que las obras de infraestructura del actual gobierno serán consideradas como asunto de seguridad nacional.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó de ilegal el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que El Sol Azteca interpondrá una acción de inconstitucionalidad.
“Totalmente ilegal el Decreto publicado ayer en el DOF. López Obrador quiere concentrar todos los poderes en uno solo, en el presidente de la República. A eso se le llama autocracia y empieza a oler a dictadura”, escribió el perredista en sus redes sociales.
En tanto, los diputados Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI y Luis E. Cházaro del PRD, advirtieron que irán juntos hasta la Suprema Corte para interponer la controversia, ya que es totalmente inconstitucional que ahora trate de proteger las obras públicas, y que al ser públicas no pueden quedar bajo un decreto por seguridad nacional.
Los legisladores señalaron que ninguna de las obras que hasta ahora está realizada en este sexenio es de seguridad nacional, lo que pasa es que el presidente quiere tapar que todos los recursos se van a la construcción del Tren Maya. Por su parte, el vicecoordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional, Jorge Triana, anunció que analizarán presentar una controversia y calificó de “grave y autoritario” el decreto presidencial.
El blanquiazul explicó que la gravedad de que entre en vigor dicho decreto es que todas las obras del Presidente estarían en la opacidad, “no se podrían exigir que hubiera transparencia y estarían fuera del escrutinio público”.
Sin embargo, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que este acuerdo es legal y está apegado a las facultades constitucionales del presidente y su aplicación “será de gran utilidad social y pública”. Agregó que con este decreto se protege la inversión pública. La obligación que tiene cualquier gobernante es garantizar y asegurar la protección de los bienes públicos.
Esto último lo escribió en referencia a lo dicho por el presidente en su conferencia matutina donde al defender el acuerdo por el que ordena a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal autorizar proyectos de infraestructura, desarrollo social y turismo en 5 días, aseguró que “esto no tiene nada que ver con transparencia”, sino que es “para agilizar trámites y que los trámites burocráticos no detengan las obras”.