¿A dónde vamos con la consulta popular?

Comencemos con esta frase: La ley no se consulta, se aplica. De acuerdo, pero ahora vamos a los datos. Los resultados del Índice Global de Impunidad 2020 (IGI 2020) señalan, tal como ocurrió en los reportes 2015 y 2017, que México se caracteriza por altos niveles de impunidad y se ubica en la posición 60 entre los 69 países analizados, destacando como uno de los países latinoamericanos con más impunidad.
En el plano nacional, en octubre del año pasado, la Organización México Evalúa presenta el informe “Hallazgos 2019: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal” y destaca que, en los últimos nueve años, la cifra de impunidad se ha mantenido por encima del 91% en nuestro país. En esta edición, el Índice de Impunidad Estatal mostró una media nacional de 92.4 % pero, lamentablemente existen Estados como Sinaloa y Guerrero con 99% y 98.4% de impunidad respectivamente.
Volvamos a la frase inicial: La ley no se consulta, se aplica. La gran pregunta es ¿Por qué no se ha aplicado? ¿Quién o quiénes no están realizando su trabajo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? No se trata de repetir frases hechas de actores políticos, académicos o periodistas que como todos tienen sus intereses, se trata de que cada uno se informe para comprender en qué consiste una consulta popular.
Si tan solo por un momento nos dejamos de ver en la “lógica” de aquellos que están con AMLO y los que están en contra de él, si nos enfocáramos en analizar el hecho en particular, podríamos obtener un razonamiento más equilibrado de lo que está pasando con la consulta popular, este mecanismo de la democracia directa que promueve la intervención de las personas en los asuntos públicos y que consiste en formular una pregunta a la ciudadanía para que exprese su aprobación o su rechazo sobre una actuación del gobierno, una política pública, una obra de infraestructura, los contenidos de una norma jurídica y/o la aprobación de una ley.
Sí la ley efectivamente se cumpliera, no tendríamos que estar intentando ejercer presión por otras vías y por otros mecanismos hacia un país que garantice la no impunidad y repetición de hechos que como país nos han marcado, desde el movimiento del 68, hasta Ayotzinapa en 2014. En muchos casos el presidente en turno no fue el autor directo de diferentes delitos cometidos, pero sí, es el responsable al guiar el rumbo del país, por lo anterior, el tema parece estar centrado en ellos. En realidad, se habla de “actores políticos”, el término es tan impreciso que puede caber un enorme número de funcionarios públicos, pero de manera posterior los temas de consulta serán distintos.
Otro de los argumentos utilizados tiene que ver con que es un ejercicio que nos va a costar mucho dinero y para el cual el INE no tiene recursos, 500 millones de pesos es la cifra que se ha manejado, pero si es así, el INE y los lujos de Lorenzo Córdova nos salen bastante caros y los pagamos, el fraude de 1988 que hizo presidente a Carlos Salinas, nos ha salido caro. La matanza de Acteal y la deuda impagable del Fobaproa con Ernesto Zedillo, nos sigue saliendo caro, y no solo a nosotros, sino a generaciones que aún no nacen. Con Vicente Fox, el fraude electoral de 2006 y el realizado con el programa enciclomedia, también nos ha salido caro. De Calderón, el mega fraude de la Estela de Luz, y qué decir de la Casa Blanca de Peña, la estafa maestra y Odebrecht, solo por mencionar algunos temas relacionados de manera más directa con los expresidentes, y no solo han costado dinero, sino vidas humanas, y se piensa que la consulta “nos saldrá caro”.
El estar informados es un derecho y una obligación, tomar consciencia, nunca será caro. Antes de decidir participar o no el 1 de agosto, tratemos de entender en qué consiste la consulta popular, tener argumentos propios y no reciclados sobre el tema, apelemos a un ejercicio de memoria histórica y citando a Milán Kundera, recordemos que “La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”.