Prohibición de comida chatarra afectaría a 200 mil unidades económicas en EdoMéx

Toluca, Méx.- Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), indicó que las recientes iniciativas enfocadas en la prohibición de la comercialización, distribución, donación, suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico ponen en riesgo 200 mil unidades económicas en la entidad.
La presidenta del organismo empresarial, señaló que los giros más afectados serían: la industria alimentaria, de conservas, refresquera, tiendas de abarrotes, de conveniencia, autoservicio, venta de alimentos, comercio al por mayor y al por menor de alimentos y bebidas; siendo las micro, pequeñas y medianas empresas las más afectadas en la entidad que en su conjunto representan el 12 por ciento del total de establecimientos del país.
González Hernández, precisó que, éstas iniciativas pretenden contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, sin embargo, los pronunciamientos de las organizaciones empresariales y patronales del país han coincidido en los riesgos de estas medidas se resumen en la pérdida de inversión y empleos, además que no resuelven temas de fondo sobre la salud de la población mexicana.
Puntualizó que estas propuestas no resuelven un problema de salud pública, sino todo lo contrario ya que pueden incidir en el incremento del comercio informal y la venta ilícita de los productos que se pretende prohibir.
Dadas estas circunstancias, indicó que, para atacar este problema se podrían realizar campañas masivas informativas sobre nutrición adecuada dirigidas a padres de familia, estudiantes y en el sector salud a la población en general para crear conciencia sobre los beneficios de una alimentación equilibrada y sana.
Como sector económico, indicó que, se unen a los llamados generalizados del sector empresarial para evitar disposiciones que provoquen otro tipo de problemas como la pérdida de empleos, que de por sí ya es elevada por causas de la crisis económica.
“Dialogaremos al respecto con autoridades y legisladores para poner sobre la mesa el posible impacto económico y laboral que esto implicaría”, dijo.