Aprueban reformas contra violencia política y paridad de género

Toluca, Méx.- Integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Electoral y Desarrollo Democrático, y Para la Igualdad de Género aprobaron diversas reformas a ordenamientos legales en materia de violencia política contra mujeres y paridad de género, y que impiden a agresores o deudores alimentarios contender por cargos públicos.
Dentro de estos, se consideraron además de la iniciativa presentada por las diputadas Karina Labastida Sotelo y Mariana Uribe Bernal también las iniciativas propuestas por el PAN y el PRD en materia de violencia política y para eliminar el lenguaje sexista, así como aportaciones de magistradas, consejeras, juezas y del colectivo 50+1 capítulo Estado de México.
Aprobaron dos dictámenes uno referente a reformas constitucionales sobre paridad de género donde se hace referencia a gobernadora, comisionada, consejera, candidata, magistrada, jueza, senadora, diputada, presidenta, regidora, síndica y los derechos de las mujeres a ejercer estos cargos, y otro dictamen fue sobre reformas a diversos ordenamientos en la materia.
En donde la diputada Karina Labastida recordó que con estas reformas se armoniza la legislación local con la federal y se abre brecha para dar certeza a quienes serán candidatas en el próximo proceso electoral.
“Estamos dando un paso importante en el tema de violencia política y paridad de género, las que estamos ocupando espacios tenemos que abrir brechas para quienes van a ser candidatas no sufran de esta violencia, y si sufren de esta violencia, puedan defenderse”, dijo.
Sobre la prohibición para que quienes tengan sentencias por violencia política de género, sean deudores alimentarios en el estado u otra entidad, por delitos sexuales o de violencia no podrán ser candidatas ni candidatos, y no existe temporalidad para ello, iniciativa que fue presentada por el diputado morenista Gabriel Gutiérrez Cureño.
Adicionalmente la Fiscalía deberá tener un padrón actualizado de estas personas y el Instituto Electoral tendrá obligación de pedir informes sobre los posibles candidatos, por si aparecen en esa lista.
Mientras que Mariana Uribe Bernal recordó que llegar a estas reformas fue resultado de un largo proceso en el que se escucharon las voces de víctimas, colectivos y sociedad civil, así como de todos los grupos parlamentarios.
Además con estos mecanismos se protegen los derechos de las mujeres a participar en la vida política, al sufragio, a ocupar cargos públicos y de alto mando, a salarios iguales, sin que exista restricción alguna que se traduzca en un retroceso en la evolución de la democracia en México y patente de una misoginia renuente a vetar dicho ejercicio femenino.
Una de las principales reformas establece que la propaganda política o electoral que realicen y difundan los partidos políticos, candidatas y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas o que contengan violencia política en razón de género.
En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, se establece la violencia política de género, ejercida en la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar, el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de su cargo, labor o actividad, la toma de decisiones, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas.
Finalmente en materia electoral, la reforma establece que los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana