Deudores alimentarios y agresores no deben ocupar cargos públicos: Gutiérrez
- Ventura Rojas Garfias
- 31 julio, 2020
- Estado de México
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Toluca, Méx.- Proponen diputados de Morena que deudores alimentarios y agresores de violencia intrafamiliar, no deben tener cargos públicos ni de representación popular.
Es bien sabido que en el discurso los altos funcionarios públicos condenan este tipo de violencia, pero en la práctica la generan, la consienten o no hacen nada para combatirla desde el ámbito de sus atribuciones”, denunció en tribuna el legislador Gabriel Gutiérrez Cureño proponente de la iniciativa a nombre de su bancada.
Recordó que la violencia en contra de las mujeres en México, y particularmente en la entidad es alarmante, pues más de la mitad de las mexiquenses reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200 por ciento.
Dijo que desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos, pues desempeñar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante, conlleva una gran responsabilidad para dar un trato digno a la ciudadanía.
Por lo que señaló “El mensaje de impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las mexiquenses”.
Explico que el proyecto retoma el trabajo de la organización política “Las Constituyentes Feministas”, que a nivel nacional impulsa la “el 3 de 3 de violencia de género”, donde se propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual, y no ser agresor por razones de género.
Y aunque la iniciativa comprende a todas las personas servidoras públicas del Estado de México, hace énfasis en cargos de Gobernador, diputados, integrantes de los Ayuntamientos, titulares de las dependencias, organismo y entidades del Ejecutivo, Fiscal General de Justicia, integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, magistrados y jueces, defensores públicos, Consejeros Electorales, Magistrados Electorales, Contralores, y Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.