Proponen reformar ordenamientos que criminalizan la interrupción legal del embarazo

Toluca, Méx.- El pasado viernes fue presentada ante la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura local una iniciativa ciudadana que busca eliminar la criminalización a la interrupción del embarazo cuando se practique antes de las 12 semanas de gestación.
Un grupo de mujeres, entre ellas la regidora de Toluca, Paola Jiménez Hernández, junto con Omar Olvera Herreros, propuso una serie de reformas a cinco ordenamientos, que buscan proteger y reivindicar a las mujeres que se han visto obligadas a interrumpir un embarazo “en una clínica insalubre, o a merced de fármacos que son prescritos sin supervisión médica, y que son en muchas ocasiones son “sometidas al estigma de un sistema jurídico patriarcal, que se niega a reconocer en las mujeres a personas libres de decidir sobre sus propias vidas y cuerpos”, expresó Omar Olvera, quien acudió en su calidad de ciudadano con el grupo de mujeres.
La iniciativa de ley propone reformar el Código Penal estatal para eliminar la pena de prisión a la mujer que interrumpa el embarazo entre la primera y la doceava semana de gestación y elimina el supuesto de deshonra pública para los casos en los que las mujeres decidan interrumpir el embarazo en secreto.
El Código Civil sería reformado para que la concepción se considere a partir de las 12 semanas de gestación y que, de esta forma, hasta antes de ese plazo, la mujer sea la única persona sujeta de derechos y libertades.
Se busca incorporar al Código Administrativo que el sector salud tenga la obligación de practicar de forma segura, gratuita e informada la interrupción del embarazo a la mujer que lo solicite libre y voluntariamente, dentro de un plazo máximo de cinco días.
Para el mismo ordenamiento, se propone establecer la objeción de conciencia para que el personal médico que no desee practicar la interrupción del embarazo pueda rehusarse a hacerlo, sin menoscabo a la obligación que el Estado posea de brindar esta atención.
Se propone reformar la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para considerar como un tipo de violencia a la cometida contra los derechos reproductivos de las mujeres, y que sean ellas las que decidan en libertad, si desean embarazarse, cuándo hacerlo y decidir voluntariamente sobre su interrupción antes de las 12 semanas de gestación.
También se propone reformar la Ley de Indulto para que el titular del Poder Ejecutivo pueda aplicarlo a mujeres que se encuentren en prisión por el delito de aborto.
Las proponentes son Paola Jiménez Hernández, Paola Denise González Mendoza, Ania Denisse Márquez Estrada, María Hortencia Guadarrama Aguilar, Sharon Lisset Gómez Juárez, Frida Andres Tapia, Paloma Cruz Monroy, Teresa de Jesús Romero Carbajal, Naomi Inés López Matus, y Jéssica Orduño Franco, así como Omar Olvera Herreros, quien destacó que todas ellas son mujeres valientes, que han decidido enfrentarse a una sociedad machista que se niega a reconocer que una mujer sea libre de decidir sobre su propio cuerpo.
“Como ciudadano mexiquense — y como hombre que reconoce en sus propias libertades, privilegios que por siglos se le han negado a las mujeres — decido confiar en el derecho como instrumento que puede convertirnos, de machos que han vivido en el privilegio, a personas que saben convivir en condiciones de igualdad”.
Las y el proponente tienen la firme convicción de que una sociedad mejor se construirá sobre los cimientos de la equidad y la libertad en todas sus formas, con la esperanza de que sea la primera de muchas iniciativas que den voz a las causas del siglo XXI.