Harfuch y Cervantes detallan “Operación Liberación” contra extorsión en EdoMéx

Toluca, Méx.- En una acción conjunta encabezada por el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de México, fue desplegada la “Operación Liberación”, una estrategia legal y operativa para desmantelar redes de extorsión que operaban en 14 municipios del sur mexiquense, informó el fiscal general del estado, José Luis Cervantes Martínez.

La operación fue coordinada por la Mesa de Construcción de la Paz bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con el respaldo del Gabinete Nacional de Seguridad, que incluye a la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, CNI y la Secretaría de Seguridad estatal. “Se trata de desarticular estructuras criminales que imponen cuotas, controlan mercados y someten a comunidades enteras bajo esquemas extorsivos disfrazados de comercio”, señaló el funcionario estatal.

Entre los resultados de la operación, destacan 63 establecimientos comerciales concentradores intervenidos, 52 técnicas de cateo ejecutadas, 8 detenidos relevantes, entre ellos empresarios, sindicalistas y una regidora municipal.

Asimismo, fueron 14 municipios intervenidos: Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Malinalco, Tlatlaya, Amanalco, Donato Guerra, San Felipe del Progreso, Tenancingo, Texcaltitlán, Villa Victoria e Ixtlahuaca.

Además, en este trabajo conjunto, se llevó a cabo la recuperación de precios justos para casi un millón de mexiquenses.

Los detenidos, presuntos operadores de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, establecieron un control absoluto sobre sectores clave como la construcción, materiales, carne, madera, huevo, pollo y paquetería.

De acuerdo con las investigaciones, se utilizaban empresas fachada, sindicatos y vínculos políticos para imponer precios hasta 400% más altos que el valor de mercado, bajo amenazas y violencia.

 “Nadie construía nada si no compraba material a precios inflados en sus establecimientos”, expuso el fiscal.

Entre los detenidos destacan Eli “N”, propietario de “JIMEX” en Valle de Bravo, único autorizado para distribuir cemento y materiales de construcción.

Gonzalo “N”: líder del “Sindicato Bradosva”, operaba el monopolio de transporte de materiales.

Alicia “N”: operadora financiera de puntos de venta en Ixtapan de la Sal, relacionada con secuestros exprés.

Yareli “N”: cuarta regidora municipal, implicada en privación de libertad a comerciantes.

Antonio “N”, Jorge “N”, José Fernando “N” y Bernardo Alejandro “N”, operadores en giros de cárnicos y madera.

En un hecho sin precedentes, los bienes asegurados —entre ellos semovientes, materiales de construcción, cárnicos y cientos de paquetes interceptados— serán redistribuidos para asistencia social por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, con autorización judicial.

“Esta acción marca un antes y un después en el combate a la extorsión en el sur de la entidad”, destacó el fiscal.

La Fiscalía General continúa con las investigaciones para desmantelar por completo las estructuras financieras y operativas de estos grupos delictivos, mientras se trabaja en garantizar la seguridad y el desarrollo económico de las regiones afectadas.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch agregó que durante los operativos se aseguraron animales de granja, productos cárnicos, así como materiales de construcción —cemento, grava y varilla— y otras mercancías presuntamente ligadas a actividades ilícitas.

También fueron intervenidas oficinas sindicales, centros de distribución de paquetería, tiendas de materiales de construcción, minas, carnicerías, expendios de huevo, granjas de pollos y porcinos, además de negocios dedicados a la venta de forraje y alimento para animales.

“Combatir este grupo era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción”, explicó el secretario.

El funcionario federal expuso que este grupo imponía el acaparamiento de bienes y servicios mediante amenazas, generando temor, alterando los precios y perjudicando directamente a productores, comerciantes y consumidores.

Por ello, destacó que, desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha logrado la detención de 48 personas presuntamente vinculadas con este delito.

Señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado para desarticular redes criminales que afectan directamente a la población y a la economía local.

García Harfuch subrayó la importancia de la denuncia ciudadana en estos resultados y recordó que el número de emergencia 089 es un canal clave para reportar de forma anónima cualquier acto relacionado con extorsión.