Organizaciones civiles exigen justicia ante hallazgo de 383 cuerpos en crematorio de Ciudad Juárez 

 Chihuahua, Méx.– Una treintena de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, reprobaron las declaraciones del fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien afirmó que “difícilmente” se podrá identificar a personas desaparecidas entre los 383 cuerpos encontrados apilados ilegalmente en el crematorio Plenitud, ubicado en la zona de Los Kilómetros, al sur de Ciudad Juárez.

“En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos”, señala el pronunciamiento, también suscrito por familiares y ciudadanos en lo individual.

Las organizaciones exigieron el deslinde de responsabilidades por la operación del crematorio, incluyendo la revisión de permisos otorgados, supervisión sanitaria y posibles violaciones a la legislación en materia de salud y disposición de restos humanos. Asimismo, demandaron que los detenidos —el dueño del crematorio y un empleado— sean procesados con apego a derecho y bajo una perspectiva de derechos humanos.

El fiscal Jáuregui informó este lunes, que ambos implicados fueron imputados y que un juez de Control dictó prisión preventiva, mientras que la audiencia de vinculación a proceso se realizará este viernes a las 11:00 horas. Agregó que también se investigará si hubo omisiones por parte de autoridades como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La Fiscalía General del Estado recibió el 26 de junio una denuncia de la Policía Municipal de Juárez, tras lo cual elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Servicios Periciales localizaron cuerpos apilados en condiciones insalubres en todas las habitaciones del crematorio Plenitud, el cual ofrecía servicios a entre seis y siete funerarias subcontratantes.

Según el director de Servicios Periciales, Javier Sánchez, los cuerpos corresponden a 218 hombres, 149 mujeres y 16 personas de género aún indeterminado. Entre ellos, se identificaron cuatro menores de edad —dos neonatos y dos adolescentes—, además de cadáveres con señas particulares como tatuajes o amputaciones que podrían facilitar su identificación. A la fecha, hay indicios sobre la identidad de 16 personas y otras 15 con nombres probables.

Sánchez señaló que todos los cuerpos presentaban embalsamamiento, lo que complica el análisis de ADN. Por ello, se realizarán estudios a través del área de antropología forense para buscar elementos que permitan identificarlos.

El fiscal reconoció que este proceso es doloroso y revictimizante para las familias, muchas de las cuales ya habían vivido un duelo tras la supuesta cremación de sus seres queridos. El 1 de julio, Jáuregui se reunió con 89 personas que sospechan que sus familiares podrían estar entre los cuerpos hallados.

Por su parte, el coordinador del Ministerio Público, Ezequiel Montoya Muñoz, informó que los imputados enfrentan cargos por el delito de inhumación por ocultamiento de cadáveres —que conlleva penas bajas—, pero también se aplicará la Ley General de Salud, con sanciones de hasta 17 años de prisión.

Montoya detalló que en Ciudad Juárez operan 66 funerarias, de las cuales solo cinco —Luz Divina, Protecto Deco, Funeraria del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno— contrataban servicios con el crematorio Plenitud. También informó que hay otros ocho crematorios funcionando en cinco funerarias distintas en la ciudad.

Las organizaciones civiles subrayaron la necesidad de revisar los convenios del gobierno estatal con funerarias que prestan apoyo mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Afirmaron que permitir irregularidades en los servicios funerarios podría convertir estos espacios en herramientas para la desaparición de personas.

Finalmente, hicieron un llamado urgente para garantizar que todos los crematorios operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas, con vigilancia efectiva de las autoridades correspondientes.

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