Necesario robustecer el marco jurídico y las funciones del testigo social

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, México.- Al presidir el foro “Testigos Sociales como Mecanismo de Participación Ciudadana en la Gestión de las Contrataciones Públicas”, El diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, y la diputada Ruth Salinas Reyes, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, coincidieron en señale que fortalecer la figura de testigos sociales en el marco jurídico, pues son un mecanismo de participación ciudadana para minimizar riesgos de opacidad y corrupción.

Y que, con la reciente aprobación de la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), se tienen que impulsar leyes secundarias en la materia, como el incluir la obligatoriedad de la presencia de testigos sociales en procedimientos de contrataciones públicas.

Hernández González, dijo que esta figura es un mecanismo ciudadano que coadyuva al control de la función pública en materia de adquisiciones y licitaciones.

Indicó que la Universidad Autónoma del Estado de México y el INFOEM son los entes establecidos para certificar a los testigos sociales, lo cual se tiene que subsanar con ajustes al marco legal.

Mientras la legisladora, Ruth Salinas que su bancada, MC, presentará una iniciativa en la materia, y que con diálogo directo entre ciudadanía y gobierno, es posible saber en qué y cómo se gasta el dinero público, por lo que se requiere más personas ciudadanas en los procesos de licitación de obras, bienes y servicios públicos.

Por lo que, para la construcción de esta propuesta realizarán diversos foros en un formato de parlamento abierto.

Luis David Miranda Gómez, secretario de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, compartió que, en el Congreso mexiquense hubo 11 licitaciones públicas en 2024, con presencia de testigos sociales, dada su importancia en la transparencia y rendición de cuentas hacia la población.

Por su parte, Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), señaló que la figura del testigo social data del 2000 y fue regulada por primera vez por la Secretaría de la Función Pública en 2004, además que es indispensable para abonar a la transparencia y acreditar economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Destacó la importancia de la participación ciudadana y su capacitación en temas en los que se involucrarían como testigos sociales, para contar con perfiles adecuados y prevenir el conflicto de intereses.

Juan José Hernández Vences, contralor del Poder Legislativo, resaltó que en el foro se refuercen ideas para generar mejoras a la legislación que regula este mecanismo de participación ciudadana, e invitó a mantener a la contratación pública como un ejemplo de gestión abierta, transparente y responsable.

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