Solo 68 % de municipios mexiquenses tienen atlas de riesgos

Zinacantepec, Méx.- En el Estado de México, solo 68 % de los municipios cuenta con atlas de riesgos, muchos de los cuales están desactualizados y aunque existen avances normativos, la implementación de herramientas tecnológicas para la gestión del riesgo de desastres sigue siendo limitada y desigual.

Miguel Adolfo Guajardo Mendoza y Natalie Rosales Pérez, profesores-investigadores de El Colegio Mexiquense, llevaron a cabo el proyecto «Análisis del andamiaje institucional para la reducción de riegos por desastres en el Estado de México. Una mirada desde la noción de tecnologías inteligentes y de resiliencia urbana».

La investigación es uno de los proyectos interseminariales, en los cuales un par de estudiosos de dos de los siete seminarios de la institución -en este caso de los seminarios Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas y Estudios Urbanos y Socioespaciales- unen esfuerzos para abordar un tema de evidente importancia social, como lo es el de los riesgos por desastres, que al ser estudiado y objeto de sugerencias de política pública resulta en una investigación con incidencia social.

En el contexto del trabajo destaca que el Estado de México «enfrenta diversos riesgos naturales y antrópicos debido a su compleja fisiografía y alta densidad poblacional» y que «fenómenos como sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías e incendios forestales afectan de manera recurrente a municipios vulnerables», además de que «la urbanización desordenada y la presión sobre recursos naturales aumentan la vulnerabilidad de la población, en especial de comunidades marginadas».

Entre los hallazgos del proyecto están que la infraestructura verde y azul no está integrada de forma sistemática en la planeación urbana, existen diferencias marcadas en la percepción del riesgo entre comunidades urbanas y rurales, y la falta de financiamiento y capacitación limita el uso de tecnologías como sensores, inteligencia artificial y sistemas de información geoespacial.

La lista de recomendaciones de política pública incluye modernizar los atlas de riesgos con tecnologías digitales y datos en tiempo real, crear un Consejo Estatal de Resiliencia Urbana para coordinar esfuerzos intersectoriales, fomentar la participación ciudadana mediante plataformas digitales y capacitación comunitaria, invertir en infraestructura resiliente y sistemas de alerta temprana, así como zonificar con base en riesgo, priorizando el uso de infraestructura ecológica.

En la página del Laboratorio Nacional de Incidencia Social (Lanis) del sitio web de El Colegio Mexiquense -www.cmq.edu.mx- se pueden consultar el documento resumen del proyecto, los videos en que los dos investigadores exponen la idea central de este y una infografía: https://www6.cmq.edu.mx/lanis/index.php/documentos/redriesgos.

«El estudio -se señala en el resumen- empleó la herramienta para la Evaluación de la Resiliencia frente a Desastres a Nivel Local de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres», la cual considera como dimensiones esenciales la organización para la resiliencia, el diseño y desarrollo urbano resiliente y la protección de ecosistemas urbanos.

Los investigadores señalan que existen diferencias significativas en la percepción del riesgo entre comunidades urbanas y rurales, lo que dificulta la adopción de estrategias uniformes para la gestión de desastres, y en zonas marginadas, la falta de acceso a infraestructura básica y servicios de alerta temprana incrementa la vulnerabilidad de la población ante eventos extremos.

La investigación desarrolló el estudio de caso de Metepec, «que ha integrado la resiliencia en su Plan de Acción Climática, incorporando estrategias de reforestación, control de inundaciones y participación ciudadana», pero su aplicación «es desigual, y las zonas vulnerables no han recibido la misma atención.

Asimismo, el municipio ha puesto en práctica iniciativas piloto «para el uso de energías renovables en infraestructura crítica y la digitalización de bases de datos de riesgos», pese a lo cual «la falta de mecanismos de financiamiento sostenibles ha impedido la expansión de estos proyectos a mayor escala».

El estudio concluye que la resiliencia urbana no solo depende de la infraestructura, sino también de la inclusión social, la gobernanza participativa y la innovación tecnológica, y considera que fortalecer estos pilares permitirá al Estado de México enfrentar los desafíos del cambio climático y los desastres naturales con mayor preparación y equidad.

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