Diputados aprueban Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Ciudad de México.- Con 445 votos a favor y 37 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.

La nueva legislación busca sustituir la norma vigente desde 2009 y establece un marco renovado y más coordinado para las tareas de seguridad pública entre la Federación, los estados y los municipios. De acuerdo con el dictamen, la ley tiene como objetivo fortalecer la prevención, investigación y persecución de delitos, así como la reinserción social y la protección de derechos humanos, con enfoque de género, inclusión y federalismo cooperativo.

Uno de los puntos clave de la reforma es la creación del Sistema Nacional de Información, que integrará diversos registros —como el Registro Nacional de Detenciones, de Incidencia Delictiva, Mandamientos Judiciales, Medidas de Protección para mujeres, niñas y niños, y de Vehículos Robados y Recuperados— con el fin de compartir y actualizar datos en tiempo real entre las instituciones.

Además, se establecen nuevas normas para el funcionamiento de los Centros de Comando y Control (C2 y C5), que serán responsables de centralizar reportes de emergencia y coordinar respuestas ante situaciones de riesgo. También se fortalece la operatividad del Gabinete Federal, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo, que deberá poner en marcha al menos tres centros nacionales en un plazo máximo de 120 días.

La Guardia Nacional es reconocida formalmente como parte del Sistema, con participación en conferencias y consejos locales de seguridad. Asimismo, se fijan nuevas políticas de profesionalización, certificación y evaluación para el personal operativo de todas las corporaciones de seguridad pública.

La ley también contempla mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, regula la protección de instalaciones estratégicas del país y ordena la distribución de fondos federales en materia de seguridad con base en índices delictivos y desempeño institucional, bajo criterios que definirá el Consejo Nacional.

Durante la sesión legislativa, algunos artículos fueron reservados para discusión, pero todas las propuestas de modificación fueron retiradas o rechazadas, lo que permitió aprobar el dictamen sin cambios sustantivos.

Finalmente, el decreto ordena que la Secretaría de Gobernación deberá expedir en un plazo de 60 días hábiles el acuerdo que regulará el funcionamiento de las mesas de paz estatales y regionales.

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