Impunidad, corrupción y abandono; raíces del deficiente transporte público mexiquense

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La impunidad de concesionarios, la corrupción institucional, la inseguridad, la falta de infraestructura, la circulación de unidades en pésimas condiciones, la escasa o nula capacitación de operadores y empleos mal pagados, revelan el panorama alarmante del transporte público del Estado de México. Esta combinación de factores ha convertido al servicio en un riesgo cotidiano para millones de personas.

La situación es preocupante, solo basta recordar los dos accidentes más recientes ocurridos la semana pasada en carreteras de Calixtlahuaca y Tres Caminos en Toluca, que dejó múltiples lesionados, una persona perdió la vida y se registraron daños materiales considerables, esto indudablemente coloca en el centro del debate las condiciones de seguridad para los usuarios.

Más allá del número de accidentes, estos hechos revelan un sistema colapsado, sostenido por prácticas toleradas durante años y con una débil fiscalización por parte de las autoridades, lo que ha detonado en un transporte público mexiquense que no solo opera con deficiencias técnicas, sino con fallas estructurales que día a día ponen en peligro la vida de las y los usuarios.

Al respecto, Francisco Javier Rojas Ferrusca, profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Planeación Urbana y Regional (FAPUR) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), subrayó que la dinámica socioeconómica de las ciudades, el desarrollo urbano y la movilidad urbana tienen una estrecha relación, lo que significa que actualmente la población habita en ciudades metropolitanas mega pobladas, lo que deriva en un patrón de desplazamiento intenso, por lo que el Estado de México no es la excepción debido a su densidad poblacional que asciende a casi 17 millones de habitantes, número que impacta directamente en la movilidad.

De acuerdo con el experto, esto significa que entre más habitantes existan en un territorio, mayores son los desplazamientos y esos desplazamientos tienen diferentes motivos, según la Encuesta Origen-Destino, del 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los principales y que llevan al uso de transporte público son: por traslado al trabajo en un 60 por ciento, seguido de actividades escolares en un 19 por ciento y de cuidado en un 11 por ciento.

Destacó que, debido a esa movilidad, se detonan varias problemáticas como la calidad del servicio de transporte público, la seguridad o inseguridad que permea, elementos ambientales, de regulación y normatividad, lo que impacta en los tiempos de traslado y derivan en la saturación.

Asimismo, cifras del INEGI y del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), indican que en el Estado de México circulan cerca de 60 mil unidades de transporte público, muchas de ellas sin las condiciones mínimas de seguridad o revisión mecánica.

Algunos datos revelaron que, en 2021, el territorio mexiquense registró mil 419 muertes por accidentes viales, la cifra más alta a nivel nacional. En zonas como Toluca, en lo que va del año, colectivos ciudadanos han documentado al menos 7 muertes relacionadas con unidades del transporte público.

La demanda del servicio también es enorme, datos de la Encuesta Origen-Destino revelan que en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan aproximadamente 34.5 millones de viajes diarios, de los cuales 16 millones son en transporte público. En los municipios conurbados, 4 de cada 5 viajes se hacen en combis o microbuses, con tiempos de traslado promedio de hasta 95 minutos por trayecto. Y el panorama es similar en el Valle de Toluca, las actividades se dividen en motivos de educación, laborales, de esparcimiento, trámites administrativos y que coinciden con los estudios realizados por el Centro Mario Molina.

“Esta problemática que permea la movilidad urbana en general, se distingue por una infraestructura que privilegia el traslado en vehículos motorizados, lo cual se traduce en un incremento significativo de automóviles principalmente particulares, de autobuses de transporte público, de taxis y en algunos casos está presente la falta de regulación por autoridades tanto estatales como municipales, al fin de cuentas esto nos remite a un sistema de transporte poco eficiente, inseguro, inequitativo e inaccesible para la población que vive en la periferia de la ciudad o en las zonas más alejadas, y a la vez nos refleja la necesidad de realizar estudios y estrategias que incorporen criterios de sostenibilidad, de accesibilidad y seguridad para el usuario y la población en general ”, subrayó.

A pesar de los riesgos, el servicio de transporte público es la única opción viable para amplios sectores de la población debido a su costo y cobertura. Aunque el gasto también representa una carga ya que, en promedio, un trabajador puede gastar entre 52 y 64 pesos diarios en sus traslados en transporte público, es decir, más de mil pesos mensuales para quienes viajan de lunes a viernes, lo que equivale hasta al 20 por ciento del ingreso familiar mensual.

Es por ello, que las condiciones actuales del transporte público en el Estado de México evidencian la necesidad urgente de una transformación profunda. Las recientes declaraciones de autoridades sobre reforzar operativos de verificación y revisar concesiones contrastan con la realidad en las calles, donde unidades viejas, sobrecargadas y sin control siguen en circulación con normalidad y total impunidad.

Ante este panorama, autoridades estatales han prometido reforzar operativos de verificación, revisar concesiones y mejorar la capacitación a operadores. Sin embargo, colectivos ciudadanos y expertos en movilidad demandan una transformación más profunda que incluya la renovación del parque vehicular, una regulación estricta, y un enfoque en movilidad segura y sustentable.

Por ello, colectivos ciudadanos y especialistas en movilidad urbana exigen medidas más contundentes, que van desde la renovación total del parque vehicular, formación profesional para conductores, inversión en infraestructura y combate frontal a la corrupción debido a que la carencia de los anteriores permite que el transporte opere en estas condiciones.

Finalmente, los accidentes recientes en Toluca no son hechos aislados, lamentablemente son el reflejo de un sistema que lleva muchos años con fallas, por lo que la vida de miles de usuarios depende de decisiones políticas que no pueden seguir posponiéndose, requieren atención integral en la que el usuario se convierta en el eje prioritario y no sea el más afectado.

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