Éxito o fracaso de las elecciones del 1 de junio

Como era de esperarse, la elección al poder judicial registró una baja participación ciudadana. Según la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), la concurrencia se situó entre el 12.57% y el 13.32%. Alrededor de 13 millones de personas decidieron emitir su voto.

¿Es legal y legítima esta elección? La respuesta es sí, ya que no existen mínimos requeridos para su validez. Para ponerlo en perspectiva, en las elecciones presidenciales del 2 de junio, el PAN obtuvo 9.6 millones de votos, Movimiento Ciudadano 6.2 millones y el PRI 5.7 millones. Esto indica que, a pesar de la baja participación, más ciudadanos se interesaron en votar por la renovación del Poder Judicial que por alguno de los partidos políticos referidos, en una elección crucial para el país.

Una de las dificultades del proceso, fue la correcta difusión de la información electoral. Un sector de la población mostró interés en participar, pero tuvo problemas para entender la dinámica. A pesar de esto, acudió a las urnas y la sorpresa fue encontrarse con múltiples boletas de diferentes tamaños y colores, así como listas extensas de candidatos que se identificaban con un número. Lo que impidió realizar una votación informada.

Es importante señalar que la mayoría de la población en México se informa a través de la televisión abierta; un 74% según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 2024), donde los canales de mayor audiencia, como Televisa, decidieron limitar o anular la cobertura. En el caso de TV Azteca, se dedicaron a difundir campañas de desinformación y desincentivar el voto.

El INE y los Institutos Electorales Locales habilitaron una plataforma para consultar los perfiles de los candidatos, pero la información proporcionada fue insuficiente. Aunque se mencionaba trayectoria profesional y grados académicos, esto no garantizaba su integridad, ya que hemos conocido “corruptazos” con títulos de posgrado. En cuanto a sus propuestas, la mayoría de las candidaturas hablaba de lo mismo, una justicia pronta, imparcial y cercana al pueblo, pero en campaña se puede prometer cualquier cosa.

Datos relevantes como sentencias previas o vínculos con empresarios, políticos e incluso con el crimen organizado, se conocieron posteriormente gracias al trabajo de ciudadanos y periodistas. Los comités de selección, responsables de buscar perfiles idóneos, no cumplieron su tarea adecuadamente, prueba de ello, la inclusión de personas con antecedentes cuestionables.

Además, el acceso a la plataforma en línea representó una barrera para aquellos que no contaban con dispositivos conectados a internet o no estaban familiarizados con la tecnología. Entonces, la información estaba disponible, pero no para todos.

La elección del pasado domingo no puede ser calificada como un éxito, como afirman algunos afines al gobierno, ni como un fracaso, como sostienen los opositores. Se trata de un ejercicio inédito a nivel mundial que resultaba necesario para reemplazar a un Poder Judicial profundamente corrompido y al servicio de una élite que puede pagar la justicia. Durante décadas, el Poder Judicial ha estado secuestrado por pequeños (o no tan pequeños) grupos de familiares y amigos que han hecho de la justicia un negocio, afectando directamente a los más desprotegidos.

Es fundamental que todos los involucrados realicen un ejercicio de autocrítica para aprender de los errores de este proceso y mejorar en 2027, cuando se renueve el resto del Poder Judicial. Todo proceso es perfectible, pero si desde el inicio se buscó realizar con prisas y se evidenció una constante confrontación entre grupos políticos y el Instituto Nacional Electoral, el resultado, era predecible. 

Antes de concluir, quiero compartir algunos datos proporcionados de manera reciente por Fernando Díaz, presidente interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La media nacional de jueces es de 4.9 por cada 100 mil habitantes, pero en el Estado de México, —Estado con el mayor número de habitantes— es de apenas 2.8, mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 18 jueces por cada 100 mil habitantes. 

Por lo tanto, la elección de los integrantes del Poder Judicial no resuelve todos los problemas en la impartición de justicia; es solo un primer paso, pues también tenemos un déficit en cuanto al número de juzgadores. Asimismo, es necesario reformar las fiscalías y ministerios públicos que carecen de transparencia y enfrentan otros vicios y defectos que deben ser atendidos.

Finalmente, la elección no era un ejercicio de buena memoria. Resultaba necesario contar con una guía personal, pero como las malas prácticas nos persiguen, la elaboración de “acordeones” por parte de partidos políticos y grupos con interés particular en algunos candidatos, se repartieron de manera masiva, lo que va en contra de todo principio ético. 

El país no se termina después de las elecciones del pasado domingo y tampoco se va a refundar. Éxito o fracaso de la elección del 1 de junio, usted decida.