En defensa de la Universidad Pública

¿La educación es una mercancía o es un derecho? ¿Puede ser ambos?  Socialmente existen diferentes estigmas sobre la educación pública basados en la realidad (o en la creencia) de las distintas calidades de las escuelas públicas y privadas. Lo anterior, en función de las distintas posibilidades de inversión con las que cuenta cada familia. La asistencia a escuelas privadas en México es un privilegio al que solo accede el 12% de las y los estudiantes a nivel general. Desagregado por nivel educativo: 6% de estudiantes en educación básica asisten a escuelas privadas, aumentan a 14% en media superior y 31% en superior (Jaramillo, 2024).

Las Universidades Públicas (UP), son instituciones con alto reconocimiento e impacto social. Para Yazmín Cruz y Anna Cruz (2008), desde una perspectiva histórica, la Educación Superior (ES) ha creado oportunidades de desarrollo personal, movilidad social y crecimiento económico para varias generaciones en México. Esto ha contribuido de forma importante al desarrollo del país. Sin embargo, las oportunidades educativas siguen siendo limitadas en relación con la demanda y están mal distribuidas, especialmente para los grupos más marginados y en áreas rurales.

La ES ha sido una palanca impulsora del desarrollo e inclusión social, de la vida democrática y convivencia cultural. De igual manera, las UP han formado a científicos y profesionales responsables en todas las áreas del saber, comprometidos con las necesidades del país.

No obstante, no se puede hablar de UP sin mencionar la autonomía, entendida como la facultad que poseen las universidades para autogobernarse, establecer sus propias normas en el marco de su ley orgánica, designar a sus autoridades, así como elaborar y modificar sus planes y programas de estudio, esto último, dentro del principio de libertad de cátedra e investigación. 

Desafortunadamente el uso inapropiado y desproporcionado de su autonomía ha llevado a algunas instituciones a una lectura descontextualizada de sus compromisos con la sociedad, reduciendo sus funciones a la mínima expresión de formación profesionalizante, dirigiendo sus actividades de enseñanza hacia la formación en un saber desactualizado, sin promoción de actos de reflexión profunda o construcción de nuevos saberes, dejando en manos de otros colectivos como la familia y la sociedad en general, el asumir la responsabilidad sobre el desarrollo de las demás habilidades que deben complementar su formación (Pineda, 2011).

En palabras de Gil Antón (2008), no hay ejercicio adecuado de la autonomía en las instituciones de ES sin transparencia y rendición de cuentas claras a la sociedad y comunidades académicas. La autonomía es el valor y el fin a preservar de manera responsable ¿Por qué dedicar un espacio a la pertinencia del vínculo entre acceso a la información y rendición de cuentas claras con la autonomía? Porque provenimos de una cultura que frente al poder —en general y el universitario— ha aceptado dosis abundantes de discrecionalidad, secretismo y opacidad.

Cesar Pineda (2011), sugiere que la Universidad debe ser un espacio de debate donde prevalezca la controversia con tolerancia, el pluralismo real y en donde se reconozcan y se tengan claras concepciones de lo que es el bien, la justicia y la verdad. La Universidad tiene un compromiso inalienable con el saber y su especificidad. Todo esto debe ir acompañado de un mayor compromiso de los docentes, deben asumir el rol de mediadores, implementando acciones y estrategias que le apuesten a desarrollar y fortalecer las múltiples potencialidades de los estudiantes, con el propósito de promover su motivación, protagonismo, actitud autocrítica y su autonomía en el aprendizaje.

Las UP son y seguirán siendo necesarias. No deben reducirse a meros espacios de capacitación para el empleo; son mucho más que eso. En sus aulas, hay pluralidad, creatividad y pensamiento crítico. Hay jóvenes con mucho talento que en el mediano y largo plazo contribuirán a construir una sociedad más justa, equitativa y próspera, forjando su destino y el de las generaciones futuras.

Las Universidades Públicas no son de una sola persona. Las decisiones erróneas de quienes las dirigen no son imputables a todos quienes las integran. La Universidad Pública la hacemos todos; estudiantes, profesores, administrativos y la sociedad en general. Defendamos, valoremos y preservemos la educación como un derecho, como un bien público y como el medio de trasformación social por excelencia.