Conflicto legal pone en riesgo empleos en La Paz: empresarios

La Paz, Méx.- El conflicto legal entre empresarios y ejidatarios en este municipio ha llegado a un punto crítico y, si no se resuelve pronto, podría tener consecuencias devastadoras para la economía local y las familias de la región, advirtieron empresarios de la zona oriente, quienes urgieron a las autoridades a resolverlo conforme a Derecho.

Según los inversionistas, la disputa podría llevar a la pérdida de miles de empleos y a un impacto significativo en la economía del municipio, derivado del diferendo entre empresarios y campesinos sobre la posesión y propiedad del antiguo ejido de Los Reyes.

De acuerdo con Daniel Vázquez Oubiña, uno de los empresarios afectados, la comunidad local está preocupada por las posibles consecuencias del conflicto y está pidiendo a las autoridades federales, estatales y municipales su intervención directa para encontrar una solución pacífica y adecuada que no ponga en riesgo el tejido social.

Y añadió: “¿Qué medidas está asumiendo el gobierno para resolver el conflicto? ¿Cuál es el impacto real en la economía local y en las familias de la región…? Estas son algunas de las preguntas que aún no tienen respuesta, pero que son fundamentales para entender la magnitud del diferendo y encontrar una solución efectiva”.

Como se recordará, en noviembre pasado un grupo de empresarios de La Paz denunciaron ante las autoridades federales, estatales y locales las intenciones del “cártel ejidal” que opera en este municipio, el cual pretende “recobrar” 1,094 hectáreas que supuestamente les pertenece, pero que no han podido demostrar con documentos ante las autoridades agrarias.

Advirtieron que no están dispuestos a negociar las propiedades de 15 empresas que brindan sustento a más de 10 mil familias, ya que han obtenido resoluciones favorables por parte del Tribunal Superior Agrario y el Registro Agrario Nacional. Hoy, dijeron, los amparos interpuestos se encuentran en el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito de Neza, y pidieron a los magistrados acelerar el proceso ajustándose al Estado de Derecho.

Indicaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha manifestado en innumerables ocasiones que no permitirá componendas ni tráfico de influencias en su gobierno, por ello ha girado instrucciones para resolver este conflicto conforme a las leyes.

Puntualizaron que el proceso lleva más de 9 años en tribunales, incluso la propia Secretaría de la Reforma Agraria concedió dos resoluciones favorables al sector privado, donde se indica que las empresas no se encuentran ubicadas en zona ejidal. Sin embargo, el proceso continúa y ello hace suponer “arreglos turbios” y tráfico de influencias por parte de los campesinos, concluyeron los afectados.

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