La reforma que necesitamos 

Existe un punto de coincidencia, necesitamos una Reforma al Poder Judicial. La impartición de justicia que actualmente tenemos no responde a las necesidades de la gente, pero cuál es el argumento para pensar que la elección abierta de ministros, jueces y magistrados es la solución. 

En este México que arrastra diversas problemáticas y donde la impartición de justicia es una de ellas, principalmente para las personas de escasos recursos, la reforma aprobada por la Cámara de Diputados no llega a las entrañas del tema: justicia pronta y expedita, reparación del daño, protección de las víctimas, procesos transparentes y apegados a la evidencia, entre otros. Por lo anterior, se puede argumentar que tal y como esta propuesta la reforma, no mejora el acceso a la justicia y tampoco acabará con la corrupción.

El problema que se está generando no se dimensiona. El aumento de la polarización está llegando a un nivel sin precedente. Entre la arrogancia de los que ganaron con una mayoría abrumadora y los que se niegan a reconocer la derrota, existe un diálogo de sordos. Ahora, se requiere que Morena y sus aliados hagan uso de su mayoría de manera responsable, pues la oposición sigue estancada en 2018, sin querer reconocer sus errores y culpando a López Obrador de todos los males de este país, pero ellos, han sido incapaces de ofrecer un proyecto distinto y prueba de ello es, que no lograron plantear una contrarreforma y con gritos, insultos y descalificaciones no solucionan nada.

Para los legisladores de mayoría el tema ya fue discutido, y ciertamente, desde hace unos meses se llevaron a cabo foros de discusión sobre la Reforma al Poder Judicial, pero muy pocos se enteraron y dada la trascendencia del tema, era obligado pensar en una mayor difusión para contar con más participación. En este tenor y con base en los resultados obtenidos, estos foros no sirvieron de nada, pues queda la impresión de que la voluntad popular y las voces disidentes no son tomadas en cuenta, se limitan a negociaciones políticas las modificaciones estructurales del país, para llegar nuevamente al lugar común; ejercicios de simulación para justificar sus acciones.

Ahora bien, se pretende renovar a todos los ministros jueces y magistrados mediante un proceso de elección, no obstante, retomando un ejemplo de la activista en materia de derechos humanos; Lisa María Sánchez, esta reforma traerá algunos problemas adicionales, ya que citando de manera concreta un proceso penal federal (donde se incorporan delitos como: secuestro, delincuencia organizada, extradiciones, delitos cometidos por funcionarios públicos entre otros) que este en la fase de juicio oral, por los propios principios de la oralidad y del sistema penal acusatorio, si cambia el juez, esos proceso se tendrían que reponer. 

La razón es que en juicios orales el desahogo de pruebas y desahogo de alegatos de las víctimas y de las partes acusadas no las puede sustituir a la mitad del proceso ningún otro juez. Quien las escucha desde el principio tiene que ser quien dicta sentencia. En este tipo de casos ¿Qué se propone? ¿Existen alternativas para los diferentes supuestos que habrán de surgir en este y en otros casos que estén en curso?

Por otro lado, se tiene que reconocer que uno de los principales problemas en la impartición de justicia se encuentra en las fiscalías, pues el armado de carpetas de investigación se realiza con una serie de inconsistencias que hace que los delincuentes queden libres. Sin embargo, esta reforma no contempla la parte de las Fiscalías y las policías. De manera optimista se dice que es parte de lo que sigue, pero si pretenden adentrarse en la impartición de justicia, es aquí donde se debe comenzar.

Uno de los puntos de mayor controversia de la reforma es, “el ajuste” a los sueldos. Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, gana más de 9.5 millones al año (más de 792 mil pesos mensuales con prestaciones). Lo anterior, estaría violando la constitución, pues la ley señala que nadie puede ganar más que el presidente. En el caso de los Magistrados de Circuito, más de 4.4 millones anuales (con prestaciones). Los Jueces de Distrito ganan más de 4 millones anuales (con prestaciones). Por último, los Integrantes de la Judicatura Federal, más de 5.5 millones al año (con prestaciones). Cualquier persona con un mínimo de sentido común, sabe que esto es un exceso y un abuso, contrasta con el sueldo de los trabajadores de base del Poder Judicial y en general, con los ingresos de la mayor parte de la clase trabajadora de este país. 

Antes de finalizar, retomo el tema de las movilizaciones estudiantiles, donde no hay duda de que las juventudes tienen derecho a manifestarse, pero lo que han dejado ver estas protestas, es cómo los medios de comunicación una vez más toman partido y abonan a la desinformación. Cito de manera puntual el canal de noticias “FOROTV” (canal de Televisa), que para quienes no lo saben, tiene transmisión durante todo el día y prácticamente con las mismas notas. Lo que hicieron fue compartir imágenes de una protesta a favor de la Reforma al Poder Judicial, señalando que eran jóvenes en contra.

Es notorio que los espacios a trabajadores y estudiantes en contra de la reforma son mayores, y en un país que se dice democrático, donde la pluralidad es un valor invaluable, se debería contar con medios de comunicación más equilibrados e imparciales, dispuestos a informar a la sociedad sobre ambas posturas.

Estamos en un punto en el que la sensatez se perdió y la reforma que necesitamos tal vez no es la que el Senado apruebe, —teniendo presente que, al momento de escribir esta nota, al partido Morena le falta el voto de un senador o senadora de oposición o bien, la ausencia o hasta traición de un integrante de otro partido político—. El llamado es a una mayoría legislativa responsable y no soberbia. Una oposición digna y propositiva. Una ciudadanía informada y participativa. Y medios de comunicación que no desinformen.

La justicia no se puede vender y tampoco puede ser un privilegio de clase. Más allá de tiempo para discutir la reforma, se requiere de personas dispuestas a hacerlo bajo un clima de civilidad y respeto. No a la violencia y sí al diálogo. En este momento se necesita que nuestros legisladores se comporten a la altura para plantear argumentos bien razonados pensando en el bien común, no en un grupo político y mucho menos en los intereses de unos cuantos, pero no hay marcha atrás, todo apunta a que la reforma al Poder Judicial va.