Fiscal de Sinaloa renuncia tras informe del asesinato de Cuén

Sinaloa, Méx.- Este viernes, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, presentó su renuncia al frente de la autoridad investigadora en el estado, luego de la publicación del informe de la Fiscalía General de la República sobre el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El gobernador Rubén Rocha Moya, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, en donde manifestó que ésta tiene que ver con el informe de la FGR.

“Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza, para que se atiendan a plenitud las observaciones que la @FGRMexico ha formulado, en relación a la investigación del caso del homicidio del ex rector Héctor Cuén”.

El informe de la FGR, evidenció varias inconsistencias en la investigación de la Fiscalía de Sinaloa sobre el homicidio del exrector de la UAS.

Héctor Cuén fue privado de su vida el mismo día en que se realizó la detención de Ismael “el Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán.

De acuerdo a la FGR, los peritos y analistas de la Agencia de Investigación Criminal AIC realizaron diversos hallazgos, y entre los más relevantes acusan omisiones en la necropsia el hecho de que el cuerpo de Héctor Melesio tiene un fuerte hematoma en la cabeza.

Otro punto muy delicado, ha sido sobre el video donde presuntamente sufre el atentado el exrector de la UAS, hecho público por la Fiscalía local y que la FGR advierte que este tiene sonido y sólo se escucha un disparo.

La necropsia de la Fiscalía de Sinaloa en un inicio advierte que son cuatro disparos los que Cuén tiene en sus dos piernas.

La FGR también advierte sobre la omisión de la Fiscalía de Sinaloa en la realización de la mecánica de hechos del evento y que, además, no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo, el cual además, habiendo tenido manchas de sangre humana en la batea, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto.

Finalmente, advierte que tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios.