Rechaza AMDAMEX regularización de vehículos ilegales

Toluca, Méx.- La presidenta de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México, Ma. de los Ángeles Arriaga de Quiroz, manifestó a nombre de los Distribuidores Mexiquenses su rechazo al artículo transitorio Décimo Quinto Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, en el que faculta al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.
Al respecto la presidenta de los distribuidores mexiquenses de automóviles manifestó que consideran que se trata de una propuesta infundada, violatoria de la Constitución y que generará consecuencias negativas para el país. “Manifestamos nuestro absoluto rechazo a que con esos pretextos se legalicen vehículos chatarra y exhortamos a nuestros Senadores a desechar este golpe al estado de derecho, invocándolos a reflexionar que de su voto a favor o en contra depende su regularización que incentivaría la ilegalidad y validaría la actividad de organizaciones que motivan la circulación ilegal de vehículos sin reconocimiento del estado”, dijo.
Al observar con profunda preocupación que esa facultad que se pretende otorgar al Congreso se traduciría en la regularización de vehículos ilegales, la presidenta de AMDAMEX, precisó que esto representará un duro golpe al desempeño del mercado interno automotor, mismo que se encuentra en crisis después de 28 meses consecutivos de reportes negativos y con igual perspectiva hacia 2020.
Puso énfasis en que se ponen en riesgo 250 establecimientos dedicados a la comercialización de 44 marcas de automóviles y camiones con importantes inversiones que generan más de 18,000 empleos directos y atienden el 12 por ciento del mercado nacional con presencia en 28 municipios para atender a nuestra entidad.
Indicó que la regularización de vehículos ilegales podría afectar al mercado automotor hasta en un 30 por ciento, con consecuencias desastrosas para la recaudación fiscal, la inversión y el empleo formal. Más allá del daño al sector, resaltó que la regularización constituye un incentivo perverso al comercio ilegal, constituye una fachada para el lavado de dinero, fortalece la cadena de corrupción y más grave aún, estimularía la introducción de dinero en efectivo y recursos para la delincuencia.
Para el consumidor, agregó que representaría la minusvalía de sus vehículos por la entrada de unidades irregulares, de dudosa calidad y condiciones físico mecánicas que generalmente no cumplen con los estándares necesarios impactando negativamente el precio de los autos nacionales en orden.
Recomendó que los consumidores analicen antes de adquirir este tipo de unidades los costos de refacciones y mantenimiento, además de considerar que las Aseguradoras tienen como política no asegurarlos, limitando su cobertura estrictamente a daños a terceros, lo que pone en riesgo el patrimonio de sus familias. Para la sociedad representa además un riesgo la circulación de vehículos que no cumplan con las condiciones de emisión de contaminantes, seguridad vial y legalidad.