México:  tan lejos de ser como Dinamarca 

Todo indica que la promesa realizada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde México sería como Dinamarca en materia de salud, no se cumplirá. A 90 días de que termine su gestión, vale la pena recordar aquel 1 de diciembre de 2018 donde frente a un Zócalo totalmente lleno pronunció los 100 compromisos de su gobierno donde el número 13 lo dedicó al tema de salud: “Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos; comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres del país y poco a poco ser irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”.

Para enero de 2019 en su conferencia matutina, declaró que nuestro país tendría “Un sistema de salud como el que tienen en Canadá, Reino Unido, Dinamarca. De lo mejor”. Lo que el presidente no sabía es que en su ambicioso plan se le atravesaría una pandemia (pero aún sin pandemia era difícil materializar) que dejaría al descubierto la fragilidad de nuestro sistema de salud y como es que políticos, empresarios y algunos médicos, por décadas se sirvieron con “la cuchara grande” al desviar recursos, cometer actos de corrupción y robarle “unos cuantos milloncitos” a los mexicanos a través del sector salud. 

Para sorpresa de nadie, uno de los grandes problemas de México se llama corrupción, y como se ha mencionado anteriormente, el sector salud no ha logrado escapar de este terreno y se traduce en sobornos, compras de medicamentos a sobreprecio, adjudicaciones directas, entre otros. En nuestro país, existe una normalización hacia los esquemas de opacidad, engaños e impunidad que ha permitido la proliferación de este tipo de “malas prácticas” que lo único que hacen es contribuir a la descomposición social.

De acuerdo con declaraciones de la anterior jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y actual Secretaria de Economía; Raquel Buenrostro, en 2018 el gobierno gastó 100 mil millones de pesos en cuatro empresas que no eran laboratorios sino distribuidoras, es decir, compañías que compraban el medicamento a los laboratorios acaparando gran parte de los medicamentos que requieren las instituciones de salud públicas como el IMSS, ISSSTE y Pemex, para después venderlo a sobreprecio, obteniendo ganancias excesivas que podían ser hasta del doble del precio al que ellos las adquirían.

Tal vez se estarán preguntando por qué no comprar los medicamentos directamente a los laboratorios para evitar esta especie de triangulación donde las distribuidoras vendían al gobierno prácticamente al precio que querían, sorpresa, la administración del expresidente Enrique Peña Nieto dejó firmados los contratos de compra a estas distribuidoras para todo el 2019. Lo que quiere decir que estaban obligados a proveer medicamentos, pero no fue así, recordarán esta campaña de desabasto de medicamentos por una aparente escasez que incluyó manifestaciones y bloqueos, fue provocada por los propios distribuidores, pues ellos tenían los contratos y los inventarios desde 2018. 

De acuerdo con Buenrostro, había Estados como el de Veracruz donde el exgobernador Javier Duarte nunca les pagó a los laboratorios, el priista se robó el dinero de los medicamentos y de lo que pudo, por lo que hoy, permanece tras las rejas. Lo que lleva a reflexionar que no todo es responsabilidad del gobierno federal, los Estados han visto en el tema de la salud el espacio propicio para obtener recursos (robar). Por lo anterior, la funcionaria señala que decidieron romper la distribución y en lugar de darle el dinero a los Estados, el gobierno federal comenzó a comprar las medicinas para entregarlas directamente a los Estados. 

Los dueños de las empresas distribuidoras no hicieron esperar su molestia dejando de surtir al IMSS y al ISSSTE las medicinas con el pretexto de que era el resultado del nuevo modelo de compras del gobierno —compras consolidadas— lo cual era mentira, la compra consolidada todavía no entraba en funcionamiento porque los contratos que les obligaba a proveer de medicamentos a las instituciones públicas se habían realizado en 2018 con Peña Nieto para cubrir todo el medicamento de 2019.

Algunos de los dueños  de las compañías distribuidoras de lo que se puede clasificar como el “Cártel de las Medicinas” son: José Antonio Pérez Fayad, de “Farmacias San Pablo”, beneficiado de los contratos otorgados durante el sexenio de Peña Nieto e investigado por movimientos financieros en los bancos de Suiza; Gerardo Morán de “CPI”, Alejandro Álvarez de “DIMESA”, Carlos Arenas de “Maypo”, Alberto Ramírez de Aguilar de “Ralca” quién llegó a ganar con Peña Nieto 15 mil millones de pesos al año sólo con el Gobierno, y Humberto Tello Alvarado de “Pentamed”, que pasó de 31 contratos en 2012 a tener 266 contratos directos, concentrando el 76% del gasto en el Gobierno de Peña Nieto obteniendo ganancias de más de 6 mil millones de pesos en menos de dos años. 

Dentro de las últimas actualizaciones —marzo 2024— presentadas por el portal “Contralínea”, en la red de empresas y supuestos traficantes de influencias del llamado “Cártel de las Medicinas” estarían involucrados 24 grupos empresariales con, al menos, 45 personas morales. De acuerdo con el expediente integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se han detectado contratos por más de 300 mil millones de pesos con 11 gobiernos estatales. 

En la cúspide del entramado que inició hace dos sexenios, aparece la familia de Roberto Madrazo; su hijo, Federico Madrazo Rojas, y su yerno, Alexis Nickin Gaxiola. De acuerdo con el expediente del cual el portal “Contralínea” posee copia, son 10 las empresas en las que de manera directa aparecen con sus propios nombres integrantes de la familia de Roberto Madrazo, quien durante 2022 y 2023 obtuvo más de 60 contratos con el gobierno de Alfredo Del Mazo en el Estado de México, por lo que la UIF investiga un supuesto tráfico de influencias, sobreprecios y operaciones con prestanombres.

Los directores de algunos hospitales fueron cesados del cargo, pues ellos, también participaron del “Cártel de las Medicinas” al girar instrucciones para recetar el medicamento de cierta marca que casualmente era el que tenían las distribuidoras con las que el gobierno tenía contrato, lo que llevó a otras empresas a quebrar. Asimismo, aun cuando tenían medicamentos en los hospitales, se negaron a distribuirlo como mecanismo de presión para evitar las compras consolidadas, es decir, que el gobierno fuera quien de ahora en adelante comprara el medicamento para todos los Estados, esto, en contubernio con las distribuidoras, olvidándose por completo de la salud de los pacientes.

Recapitulando, uno de los factores que propicia la mala calidad en los servicios públicos y en este caso en los servicios de salud, es la corrupción, pues el dinero destinado a la compra de equipo y medicamentos termina en los bolsillos de políticos, empresarios y algunos médicos. 

De acuerdo con transparencia internacional, la corrupción se convierte en un problema urgente por resolver para los gobiernos (principalmente de América Latina) ya que limita el crecimiento económico y las prestaciones de servicios ofrecidos por el Estado como la educación, salud, vivienda y alimentación, entre otros, a su vez debilita la democracia de muchos países. 

No se debe olvidar que la corrupción es un problema sistémico y estructural, por tanto, no debe únicamente verse en los niveles más altos del poder político, es decir, se debe observar de arriba-abajo con la finalidad de comprender el fenómeno de la corrupción y sus efectos en los distintos ámbitos de la sociedad (Ramírez y Torres, 2022).

Por lo anterior, lejos, muy lejos estamos de tener un sistema de salud como Dinamarca, de entrada, la población de este país es de menos de 6 millones de habitantes y en México, somos más de 130 millones. Dinamarca tiene un estado de bienestar que proporciona a sus ciudadanos una amplia red de seguridad incluyendo: atención médica gratuita de alta calidad. Educación gratuita hasta la universidad. Los daneses que pierden su trabajo tienen derecho a beneficios por desempleo. Dinamarca es uno de los países más igualitarios del mundo, esto significa que hay menos desigualdad de ingresos y riqueza que en muchos otros países. Todos los daneses reciben una pensión del gobierno cuando se jubilan. Los daneses tienen un alto nivel de confianza en su gobierno e instituciones, esto crea un sentido de seguridad y estabilidad que contribuye a su felicidad. Los daneses valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, tienen un horario de trabajo relativamente corto y muchas vacaciones, esto les permite pasar tiempo con sus familias, amigos y dedicarse a sus hobbies.

Es una incógnita por qué al presidente se le ocurrió que podíamos aspirar a un sistema de salud como Dinamarca cuando esto, es resultado de un buen funcionamiento del gobierno y la sociedad en diferentes rubros y la corrupción no es una preocupación latente como en el caso de nuestro país. En México, existe un dicho popular que señala: “peras con peras” y “manzanas con manzanas”, pero el presidente no se tomó el tiempo suficiente para pensar en un país con característica similares a las nuestras, como mínimo de América Latina que pudiera retomar como ejemplo de un mejor sistema de salud al que pudiéramos aspirar, pero como lo suyo no es corregir o reconocer que se equivoca, compromiso 13, incumplido