Abogado de militares reaprehendidos acusa persecución política

Ciudad de México.- El abogado de los ocho militares recién reaprehendidos por el caso Ayotzinapa, denunció este miércoles, que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, se ha convertido en el brazo armado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Robledo, defensa de los soldados, señaló que no es correcto que el titular ejecutivo se meta en una investigación de carácter penal en la que nada tiene que hacer.

Acompañado de César Omar González, los juristas acusaron que la Fiscalía General de la República ha hecho un “cochinero” con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En este sentido, afirmaron que las nuevas acusaciones contra sus clientes, por delincuencia organizada, fueron fabricadas como parte de una persecución política por parte del gobierno federal.

“Hoy tenemos como víctimas a las familias de Ayotzinapa, a los militares y a las familias de los militares, hoy ellos también son víctimas, esto no fue un crimen de Estado, esto es una persecución de Estado, los señores son presos políticos y desafortunadamente el cochinero, porque no hay otra forma de describirlo, el cochinero que han hecho en esta administración, en la investigación y proceso del caso, lo único que han logrado es empañar más todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas una vez más del acceso a la justicia y la verdad”.

Asimismo, señalaron que la nueva acusación en contra de sus clientes está fundamentada en las declaraciones del 22 y 23 de enero pasados, realizadas por los testigos protegidos “Karla” y “Neto”, ex integrantes de los Guerreros Unidos.

De acuerdo con información oficial, los testigos afirmaron que los castrenses recibían dinero para brindar protección a dicha organización delincuencial y los habrían reconocido mediante fotografías.

No obstante, señalaron que anteriormente los testigos tuvieron a la vista las fotos de los 8 militares y nunca los reconocieron, hasta ahora.

Por esta razón, adelantaron que presentarán denuncias penales contra el titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, funcionarios a su cargo y los testigos protegidos.