La reforma laboral: La insensibilidad de los empresarios

Por: Jesús Humberto López Aguilar

En más de 100 años, el artículo que estipula todo lo concerniente a la jornada laboral en nuestro país, no ha sido modificado. Este artículo establece, entre otras cosas, que la jornada diurna debe de consistir en, máximo, ocho horas. La propuesta de la diputada morenista Susana Prieto Terrazas plantea la posibilidad de reducir el número de horas a siete, además de ofrecer a los empleados dos días de descanso obligatorios, uno más de lo que estipula la ley actualmente.

Naturalmente, las quejas de las empresas no se han hecho esperar, argumentando que sus costos aumentarían, afectando directamente al consumidor final en el precio de adquisición del bien o servicio.

Una de las motivaciones de la diputada es, sin duda, el constante abuso al que las y los empleados se ven sometidos constantemente, recibiendo sueldos miseros, acompañado de una exigencia mayor de trabajo, llegando a trabajar horas extra sin obtener la remuneración a la que son acreedores. Lamentablemente, esta es una de las tantas tropelías que los empleadores llevan a cabo en contra de sus empleados. Y es que, en nuestro país, las obligaciones que establece la Ley Federal de Trabajo son omitidas en la mayoría de las ocasiones por los empresarios. Únicamente las grandes compañías corporativas, con una gran disponibilidad de recursos y una estructura bien asentada, suelen cumplirlas. El problema yace en las pequeñas y medianas empresas, así como en las sucursales de grandes cadenas y, en las franquicias, las cuales, son menos conocidas a nivel mediático, y, además, poseen una jerarquía independiente, pudiendo existir mejores condiciones laborales en función de la benevolencia del propio empresario o del patrón en turno.

Un tema tan sensible en nuestro país como lo es el trabajo per se, debería de ser una cuestión mucho más regulada por las autoridades. Si bien existen órganos que buscan impartir justicia en todo a lo que las relaciones laborales respectan, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, muchas veces los empleados inconformes no denuncian sus casos porque prefieren asegurar una fuente de ingresos, o, por falta de tiempo y recursos.

No existe, por tanto, una institución u órgano que procure buenas condiciones laborales para los trabajadores. Sin embargo, antes de anhelar algo que todavía no existe, haría falta crear conciencia en torno a la cultura del trabajo. Impulsar al empleado a denunciar aquellas acciones abusivas, y que, además, violentan la ley para, posteriormente, una vez hecho lo anterior, que la autoridad tenga la iniciativa de acercarse al empleado, escuchando los perjuicios que se están cometiendo en su contra y tomar acciones legales en contra de la empresa (siempre que se halle evidencia de lo que el trabajador sostiene).

Una acción así no debe de parecer demasiado descabellada, especialmente cuando en otros rubros, como en el pago de las contribuciones, el gobierno no deja pasar una, teniendo bajo la lupa los ingresos de todos los particulares.

Por lo tanto, votar a favor de una reforma a la Carta Magna, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, debe de ir acompañada de un seguimiento por parte del gobierno, respetándose de manera íntegra lo que en ella se estipula.

En cuanto al impacto negativo que la reforma pudiera tener en los precios de venta, no vendría de más preguntar a los líderes empresariales que abogan en contra de esta, si solo ellos tienen derecho al descanso y a la convivencia familiar. Por otro lado, el empleado debe de mantener el compromiso de mejorar la productividad, dándole aún más legitimidad a este esfuerzo.

Los empresarios no deben de olvidar quienes han sido, son y serán, la fuente de sus riquezas. Deben de ser lo suficientemente empáticos para sacrificar una pequeña parte de sus ingresos en aras de mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores y con ello, su calidad de vida. En cambio, su detrimento, solo llevará a la afloración de problemas en otros ámbitos de la sociedad, empujando a los individuos menos honestos a buscar otros medios no lícitos de obtención de ingresos.

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