El Proyecto de Reforma Constitucional, privilegia los derechos humanos: Hernández
- Ventura Rojas Garfias
- 14 febrero, 2023
- Estado de México
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Toluca, Méx.- “El proyecto de reforma integral a la Constitución Política de la entidad, es de las más progresistas y vanguardistas en la protección de los derechos humanos”, señaló el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Maurilio Hernández González, al asistir a la conmemoración del 30 Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Ante la presidenta de la CODHEM, Myrna Araceli García Morón; el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y de Luis Felipe Puente Espinosa, secretario General de Gobierno, el legislador afirmó que bajo este modelo el Estado no se limitará al reconocimiento de los derechos, sino que estará obligado a crear condiciones para su efectiva realización.
Y que el Estado de México sería el primero del país que se establecería de manera formal como un Estado social, humanista y democrático.
Dijo que entre los retos principales después de hacer progresivos los derechos humanos en la Constitución actual o de aprobarse la reforma, el relativo a la precariedad del sistema de garantías para asegurar respeto y cumplimiento, lo que requiere regularse en leyes reglamentarias y atribuciones de diversos organismos.
Llamó a garantizar la capacidad para resguardarlos, principalmente en términos de lo que se conoce como justicia social, indispensable para el desarrollo humano, y más adelante.
Hernández González, dijo que el proyecto de reforma a la Constitución, busca garantizar la justicia social, el bienestar colectivo y combatir la desigualdad al incorporar el derecho la renta básica universal.
Propone integrar la dignidad humana como principio rector, origen y fin de las instituciones y derechos, por lo que su incumplimiento será causa de nulidad y tendrá como consecuencia la restitución del daño.
Y que entre los derechos más destacados mencionó el libre desarrollo de la personalidad; a la identidad; identidad digital; sexuales y reproductivos; libertad a la protesta; protección a personas periodistas; derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; a la cultura; al deporte y al esparcimiento; a la ciudad; al buen gobierno; renta básica universal, y de acceso a la conectividad y los servicios de telecomunicaciones.
Además, crea garantías constitucionales diferenciadas a las que otorga la Constitución federal, como acción popular de inconstitucionalidad local, acción de cumplimiento, acción de protección de derechos y acción por omisión legislativa, con lo que se garantizarán los instrumentos jurídicos para reintegrar las violaciones a los derechos humanos y la Constitución.