Preocupa a la SIP creciente hostilidad contra la prensa en México

Ciudad de México.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este martes su profunda preocupación ante un panorama cada vez más adverso para la libertad de expresión en México, marcado por decisiones judiciales, reformas legislativas y presiones administrativas contra medios y periodistas.

Entre los casos recientes más alarmantes, la SIP destacó lo ocurrido en Campeche, donde un tribunal local ordenó al medio Tribuna Campeche y al periodista Jorge Luis González Valdez someter su contenido a revisión previa por un interventor judicial.

Esta medida, considerada como censura previa, vulnera tanto la Constitución mexicana como estándares internacionales en materia de derechos humanos, advirtió la organización. Cabe señalar que un tribunal federal ya había declarado inconstitucional una sanción previa impuesta al periodista.

En Puebla, otra alerta se encendió tras la aprobación de una reforma al Artículo 167 del Código Penal, que amplía penas por “ciberacoso” y “violencia digital”, castigando con cárcel publicaciones que afecten la dignidad de otras personas.

La SIP advirtió que esta ambigua redacción podría ser usada para silenciar a periodistas, activistas y usuarios de redes sociales que critiquen a figuras públicas, convirtiéndose en un instrumento de censura anticipada.

El clima hostil se extiende también a la Ciudad de México, donde el Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al medio La Silla Rota entregar documentos y fuentes sobre una investigación periodística relacionada con presuntas irregularidades en las elecciones del 1 de junio. Ante la negativa del medio, el INE amenazó con imponer una multa de 11 millones de pesos, lo que ha sido interpretado como una vulneración al derecho al secreto profesional y a la protección de fuentes.

Para la Alianza de MediosMx, este no es un hecho aislado. La organización señaló que el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal retirar una columna crítica, a raíz de una denuncia promovida por una candidata local. En ese mismo proceso, el INE colaboró entregando datos personales del periodista. Asimismo, la periodista Laura Brugés fue requerida por el organismo electoral para revelar la identidad de una fuente relacionada con el mismo caso de los llamados “acordeones”.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director de La Prensa Gráfica de El Salvador, advirtió que estas acciones no deben verse como hechos aislados, sino como síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil hacia la labor periodística.

 “Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos se utilicen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y la fiscalización del poder. Si un medio es obligado a someter su contenido al visto bueno de un juez, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio”, declaró.

México figura entre los países con mayores restricciones estructurales a la libertad de prensa en el hemisferio occidental, según el Índice Chapultepec de la SIP. A esto se suma una larga historia de impunidad y violencia contra periodistas, ahora agravada por la creciente instrumentalización del aparato judicial y legislativo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al advertir que la censura previa es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que vuelve aún más preocupante el resurgimiento de estas prácticas en México.

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