Sheinbaum solicita a la FGR nuevo informe sobre el caso Cienfuegos

Ciudad de México.- A solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará un nuevo informe sobre el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuya detención y posterior liberación en 2020 marcaron un momento crítico en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

La reapertura del caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre los acuerdos diplomáticos que llevaron a la devolución del general a territorio mexicano, luego de ser capturado el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA, y liberado apenas un mes después, el 18 de noviembre, tras la intervención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La posición actual del gobierno de Sheinbaum sostiene que Cienfuegos fue liberado por el gobierno estadounidense porque es inocente. Sin embargo, documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que su liberación obedeció a motivos de política exterior, y no a una declaración de inocencia. Así lo explicó el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien leyó ante medios que el retiro de cargos respondía al reconocimiento de una colaboración estrecha con México para combatir el crimen organizado.

El caso del general Cienfuegos no puede entenderse sin la intervención directa del expresidente López Obrador, quien inicialmente adoptó una postura institucional y aseguró que su gobierno no usaría recursos públicos para defender al militar. No obstante, días después cambió su narrativa y asumió una posición abiertamente crítica hacia las autoridades estadounidenses, acusándolas de actuar sin notificar al gobierno mexicano y de violar acuerdos bilaterales.

“Lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, sentimos que no se había cuidado el procedimiento”, expresó el exmandatario al justificar la gestión para que Cienfuegos regresara a México.
En su momento, López Obrador argumentó que el prestigio del Ejército estaba en juego y que no podía permitirse que una institución clave del Estado fuera socavada sin pruebas sólidas.
Como parte del acuerdo con Washington, la FGR recibió la evidencia proporcionada por la DEA y se comprometió a investigar el caso en México. Sin embargo, en enero de 2021, apenas dos meses después de la llegada del general, fue exonerado.

Esta rápida resolución provocó críticas nacionales e internacionales, al considerar que la decisión respondía más a razones políticas que judiciales. La propia DEA y funcionarios estadounidenses expresaron su inconformidad por la liberación y exoneración del militar.
El asunto regresó al centro del debate público en febrero de 2025, cuando Cienfuegos apareció en el presídium de la Marcha de la Lealtad, reavivando cuestionamientos sobre su absolución. Más recientemente, su nombre volvió a surgir a raíz de declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman —defensor de Ovidio Guzmán— quien criticó la supuesta colaboración entre México y Estados Unidos en casos de alto perfil, y recordó el precedente de Cienfuegos como ejemplo de las limitaciones de esa cooperación.

Durante su breve estancia en una cárcel estadounidense, el general Cienfuegos escribió una carta al entonces presidente López Obrador —incluida posteriormente en el libro A la mitad del camino— en la que alegó haber sido víctima de una detención “arbitraria, injusta y humillante”. En esa misiva solicitó la “superior intervención” del mandatario para agilizar el juicio y demostrar su inocencia, asegurando no tener recursos para enfrentar un proceso en ese país.

Con la nueva solicitud de Sheinbaum a la FGR, el caso del general Salvador Cienfuegos podría volver a generar tensiones diplomáticas, a la vez que plantea preguntas sobre la independencia del aparato judicial mexicano y el papel de las Fuerzas Armadas en el régimen actual.
Aunque la exoneración permanece vigente, el informe solicitado podría ofrecer nuevos elementos o reafirmar la versión oficial, en medio de un escenario político en el que la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo exigencias clave de la sociedad civil.
Por ahora, las autoridades mexicanas no han detallado cuándo se presentará el nuevo informe ni si podría derivar en la reapertura del caso.

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