Colectivos denuncian crisis de derechos humanos en Oaxaca

Oaxaca, Méx.- En Oaxaca, las juventudes enfrentan una crisis profunda marcada por violencia estructural, exclusión, impunidad y múltiples formas de discriminación.

Así lo denunciaron 20 organizaciones y colectivos de la sociedad civil, quienes en un pronunciamiento conjunto alertaron sobre la alarmante cifra de más de 900 mujeres desaparecidas, en su mayoría jóvenes de entre 12 y 29 años, durante el gobierno de Salomón Jara Cruz (2022–2025).

Las organizaciones advirtieron que esta situación refleja una grave crisis de derechos humanos y expone los riesgos que enfrentan las juventudes en el estado.

Entre los colectivos firmantes destacan el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, GESMujer, Marea Verde Mixteca, Voces Ñuu Savi y la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes.

En el documento, señalan que las juventudes viven entre la inseguridad, la precarización laboral, la criminalización, la exclusión institucional y el abandono de las autoridades. Las desapariciones de mujeres jóvenes, en particular, permanecen en su mayoría impunes, y las familias enfrentan revictimización, negligencia y falta de protocolos con enfoque de género.

Además de la violencia feminicida, el pronunciamiento expone que las juventudes oaxaqueñas viven bajo condiciones laborales precarias, con un salario promedio de apenas 33.8 pesos por hora, de acuerdo con datos del INEGI. Muchas personas jóvenes trabajan sin contrato ni acceso a seguridad social, lo que las obliga a migrar o incluso integrarse a economías ilegales o al crimen organizado como estrategia de supervivencia.

Las juventudes indígenas y afrodescendientes también enfrentan barreras estructurales derivadas del racismo, el despojo territorial y la discriminación lingüística. A pesar de su riqueza cultural y formas propias de organización, sus derechos siguen siendo invisibilizados por las políticas públicas, señalaron.

La situación es especialmente crítica para las juventudes de la diversidad sexogenérica. Personas trans, no binarias, lesbianas y gays denunciaron exclusión en los espacios escolares y laborales, lo que las empuja a la informalidad y, en muchos casos, al trabajo sexual desde edades tempranas. Esta marginación incrementa su exposición a violencias múltiples y limita su acceso a servicios básicos.

Las universidades tampoco son espacios seguros. En el encuentro se denunció la persistencia de prácticas de violencia sexual, hostigamiento, discriminación por género, identidad, orientación sexual, racismo y clasismo. Las víctimas —en su mayoría mujeres y personas LGBTIQ+— enfrentan la falta de protocolos eficaces, impunidad de agresores y revictimización institucional.

También se señaló la ausencia de programas de salud emocional y redes de apoyo formales para estudiantes y docentes, particularmente en contextos de vulnerabilidad social.

Las juventudes con discapacidad enfrentan barreras físicas, culturales y actitudinales que limitan su participación en la vida pública. Las organizaciones exigieron accesibilidad universal, apoyos técnicos y políticas reales de integración con enfoque de derechos humanos.

Asimismo, se denunció el adultocentrismo y la exclusión sistemática de juventudes rurales en la defensa del medio ambiente. El avance de megaproyectos, la militarización y el extractivismo amenazan sus territorios, biodiversidad y modos de vida.

Frente a este panorama, las organizaciones exigieron al gobierno de Oaxaca: El reconocimiento del trabajo digno como un derecho humano. Políticas públicas interseccionales construidas con juventudes diversas. Servicios públicos gratuitos de salud sexual, emocional y reproductiva con pertinencia cultural. Acciones urgentes contra las violencias de género en todos los ámbitos. Fin a la criminalización policial de las juventudes y protocolos con enfoque de derechos humanos. Acciones reales y eficaces de búsqueda en casos de desapariciones. Inclusión plena de juventudes con discapacidad en todos los espacios. Políticas ambientales con participación juvenil, que garanticen el derecho al agua, la tierra y la vida.

“Apostamos por una visión del buen vivir, que reconozca el vínculo entre justicia social, sostenibilidad ambiental y derechos colectivos”, concluyeron.

Este pronunciamiento colectivo busca posicionar las voces de las juventudes como actoras políticas clave para la transformación del estado, demandando ser reconocidas, escuchadas y respetadas en toda su diversidad.

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