Imposición, abuso y racismo institucional: Comunidad indígena de San Antonio Rayón exige justicia al gobierno municipal de Jonotla

Por: Maricela Allende

Puebla, Méx.- La comunidad indígena de San Antonio Rayón, reconocida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha denunciado públicamente actos de imposición política, discriminación sistemática y violaciones a sus derechos colectivos por parte del gobierno municipal de Jonotla, encabezado por la presidenta municipal Jael Peña Lobato y su esposo, el exalcalde Diógenes Gerardo Méndez Barrera.

La indignación comunitaria se ha agudizado desde el proceso de elección de autoridades auxiliares, en el que —según denuncian— no se respetaron sus usos y costumbres, imponiendo autoridades afines al grupo político en el poder. Este atropello ignora completamente los mecanismos tradicionales de elección interna de San Antonio Rayón, donde los representantes (topiles) se eligen por consenso entre los cuatro grupos que conforman la comunidad: Ilamatco, Civiles, Campesinos de Ejido Rayón y Santa Virginia.

Biblioteca confiscada: una violación al derecho a la educación

Uno de los agravios más graves ha sido la ocupación ilegal de la biblioteca pública por parte del gobierno municipal, que la ha convertido en bodega y oficina administrativa. Este espacio es crucial para la niñez y la juventud de la comunidad, ya que era el único sitio destinado al estudio y el acceso al conocimiento. Hoy, los estudiantes no cuentan con un lugar adecuado para realizar sus tareas escolares. Esto afecta directamente a los niños que no tienen los recursos económicos para un celular y tampoco acceso a internet.

Pese a que la Junta Auxiliar cubre los gastos de luz, agua e internet con su modesto presupuesto de 15 mil pesos mensuales —muy por debajo del 10% de participaciones municipales que por ley le corresponderían (aproximadamente 120 mil pesos)—, de acuerdo con el testimonio de los integrantes de la presidencia auxiliar. La presidenta municipal se niega a devolver por completo el inmueble, incluso con respaldo del delegado de Gobernación de la microregión 5 con sede en Zacapoaxtla, Hebert Enrique Vaquero Olivares.

El documento oficial del 29 de mayo de 2025, firmado por la propia presidenta Jael Peña, ordenaba la entrega del inmueble el 9 de junio. Sin embargo, solo se entregó la mitad del espacio, insuficiente para atender las necesidades de la comunidad, y sin restituir el suministro eléctrico correspondiente. El resto del inmueble sigue funcionando como oficina municipal.

Esta situación contradice el artículo 3° constitucional, que establece el derecho universal a la educación, así como diversas leyes federales como la Ley General de Bibliotecas y la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que garantizan el libre acceso a espacios de lectura sin discriminación.

Racismo y burlas por hablar náhuatl

La comunidad también ha denunciado actos de discriminación racial y lingüística contra el presidente auxiliar Eulogio Castañeda, por parte de funcionarios municipales, incluida la presidenta Jael Peña quien esta arropada por el Partido del Trabajo (PT). Testimonios recogidos por este medio, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, aseguran haber estado y escuchado burlas constantes hacia el presidente auxiliar por hablar en náhuatl, su lengua materna.

“Para la presidenta no existe un presidente auxiliar, los funcionarios del municipio se burlan de nuestro presidente por hablar náhuatl, le dicen que debería hablar en castellano”, denunciaron varios habitantes. Estos comentarios son una flagrante violación a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, reforzado por la reciente reforma impulsada por el gobierno federal para garantizar su respeto y reconocimiento.

Incongruencia y exigencia de justicia

Resulta irónico y profundamente indignante que mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado su compromiso con los pueblos originarios y la recuperación de sus usos y costumbres, autoridades municipales como las de Jonotla reproduzcan prácticas coloniales, autoritarias y racistas.

La comunidad exige la intervención inmediata del gobierno estatal, de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y del INPI, para frenar los abusos y garantizar el respeto a los derechos colectivos, culturales, lingüísticos y educativos de San Antonio Rayón.

Según datos del INEGI (2020), más de 23 millones de personas en México se autoidentifican como indígenas, y el náhuatl es la lengua más hablada, especialmente en estados como Puebla, donde reside casi un tercio de los hablantes.

San Antonio Rayón no está pidiendo privilegios. Está exigiendo lo que por ley le corresponde: respeto, recursos, autonomía, y un trato digno como pueblo originario.

Cerramos con la siguiente frase en náhuatl y su traducción:

“Kani tiwalaj, ma titlajtokan totlajtol nochipa. Kemej nochi masewalmej yayoksa, nochi tlajtoli yayoksa noijki. Makamo tipinawakan pampa titlajtoaj tomasewaltlajtol”.

“Donde vayamos, hablemos siempre nuestra lengua. Tal como todos los seres humanos somos iguales, todas las lenguas también lo son. No nos avergoncemos de nuestra lengua indígena”.