Los políticos y sus agandalles

Después del último minuto del 30 junio, es momento de olvidarse de la diversidad sexual y de que se pretende ser incluyente. El mes Pride (mes del orgullo) llegó a su fin, hora de cambiar las fotos de perfil alusivas al tema y de que las distintas marcas que buscan “colgarse” de una causa que únicamente les interesa —una vez al año— para obtener ganancias económicas, retiren productos y promociones con las que aparentan que contribuyen en algo, pero en realidad no ayudan en nada.

Los discursos sobre inclusión se guardarán para el próximo año y con un poco de suerte se adornarán más para tratar de convencer a las personas de que saben del tema; son empáticos, solidarios y que pueden hacer algo más que modificar su logo con los colores del arcoíris. 

Estas iniciativas podrían ser reconocidas si estuvieran acompañadas de acciones concretas destinadas al impulso y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales, Queer u otra que no se identifique con los géneros masculino o femenino) como, por ejemplo, brindar oportunidades de trabajo que en muchos casos no consiguen por la discriminación de la que son objeto. Del mismo modo, las grandes marcas pueden aprovechar su influencia para promover el tema y posicionar dentro de la agenda pública y política. 

Pero entre el comportamiento de distintas marcas y los representantes políticos no existe mucha diferencia, comparten la hipocresía y el interés de hablar de la comunidad de la diversidad sexual si existe algún beneficio personal, pues en el caso de los entonces candidatos, no solo trataron de ponerse en modo arcoíris en las recientes campañas electorales y apoyar una supuesta agenda en la materia, sino que esta vez se pasaron de… no estoy segura que “listos” sea la palabra, pero su “agandalle” fue monumental al usurpar, sí, al hacerse pasar como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ para ocupar un cargo de representación popular. 

Activistas denunciaron que en el Estado de Michoacán, existen casos de personas que mintieron al registrarse bajo el principio de “acción afirmativa”, pues señalaron ser parte de la comunidad LGBTTTIQ+, se autoadscribieron como mujeres trans y fueron electos para gobernar en ocho ayuntamientos de ese Estado.

Recordemos que se entiende por “acción afirmativa” a las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación. Su objetivo es corregir situaciones evidentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades. Por lo anterior, dichas medidas se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad.

Cabe señalar que en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) obliga a los partidos políticos a registrar candidaturas de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes con el fin de garantizar sus derechos político-electorales, lo cual ha dado pie a que los partidos políticos mientan al postular a personas que no cumplen con el requisito. Al final, lo ven como un tema de cuotas y no como la oportunidad de dar voz y representación a los diferentes sectores de la sociedad. 

En cuanto a la identificación para personas indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ se les solicita una carta en donde el postulante declara pertenecer a la comunidad. En los casos de indígenas y afromexicanos, deben existir autoridades que respalden esta información. Pues recordemos que se han presentado innumerables casos donde con tal de ocupar un cargo de representación popular se autonombran indígenas. En el caso de las personas con discapacidad se les solicita un documento médico que sustente y especifique el tipo de problema que tiene quien busca la candidatura. 

Sin embargo, en el caso de la comunidad LGBTTTIQ+ se pide la autoadscripción debido a que de esto dependerá el cumplimiento del principio de paridad de género. ¿Qué se entiende por autoadscripción? La posibilidad de que cada persona defina la orientación sexual o identidad de género con la cual se identifica. La documentación para acreditación como miembro de alguno de estos grupos tiene dos problemas, el primero y más importante es que puede ser considerado como discriminatorio ya que se cuestiona a los individuos sobre su identidad. El segundo tiene que ver con quienes intenten violentar la normatividad, porque hay casos como el de la comunidad LGBTTTIQ+ en donde no hay una institución que determine la identidad de género para que no se dé la posibilidad de que militantes busquen por este medio hacerse de una candidatura sin que pertenecer a esta comunidad.

Además, la sola existencia de una institución o documento que especifique esta característica y que se vuelve un requisito en estos casos, es violatoria de sus derechos humanos, situación de la que todos, absolutamente todos los partidos políticos se han aprovechado por lo menos en el Estado de Michoacán.

A continuación, les presento a los ocho machitos que se hicieron pasar por mujeres transgénero para acceder a alguna alcaldía: 1. Alcaldesa; Alberto Orobio Arriaga (PAN-PRI). 2. Alcaldesa; Apolonio Ureña Martínez (PT-PV-Morena). 3. Alcaldesa; Martín Alexander Escalera Bautista (Partido local “Más Michoacán”). 4. Alcaldesa; Daniel Herrera Martín del Campo (Movimiento Ciudadano). 5. Alcaldesa; José Enrique Mora Cárdenas (PRD). 6. Alcaldesa; Octavio Chávez Aguirre (PT-PES). 7. Alcaldesa; Rubén Torres García (PRD). 8. Alcaldesa; Jorge Luis Estrada Garibay (PAN-PRI-PRD). 

Es importante recordar que fue en 2021 cuando la cuota para personas de la diversidad sexual se estableció por primera vez y desde entonces grupos de activistas han documentado que partidos políticos usurpan esa acción afirmativa. Con base en los datos del Instituto Electoral de Michoacán, en estas elecciones un total de 67 personas dijeron pertenecer a la población de la diversidad sexual, pero sus registros muestran inconsistencias. 

En algunos casos dijeron ser gay, al mismo tiempo se registraron como mujeres en la categoría de sexo; e incluso quienes se registraron como hombres se autoadscribieron como mujeres lesbianas, mujeres trans o persona no binarias. En otros registros decidieron no mencionar su orientación sexual e identidad de género.

De acuerdo con “Voto por la Igualdad. Informe pre-electoral de las candidaturas LGBTTTI+ en México 2024”, los activistas han detectado posibles usurpaciones en tres modalidades: falsificación de documentos, doble registro como hombre y mujer en el mismo proceso electoral y registro ante el instituto electoral local, pero identificación con el género contrario en su campaña. 

Varios activistas resaltaron que las instituciones electorales locales han sido cómplices puesto que no hicieron nada para evitar las usurpaciones, a pesar de que varios colectivos subrayaron la importancia de blindar las acciones afirmativas desde el proceso electoral anterior. De igual manera, los partidos políticos también pueden ser cómplices de estas malas prácticas puesto que prefieren mantener a sus candidaturas previamente seleccionadas, antes que cumplir con las disposiciones para grupos vulnerables.

El mismo informe puntualiza que, el problema de raíz sobre la acreditación está vinculado con una discusión que no ha sido resuelta sobre el peso del derecho a la privacidad frente al derecho a la transparencia. La solución debe tomar en cuenta las preocupaciones sobre el peligro que implica ser una persona abiertamente LGBTTTIQ+ en un país caracterizado por la violencia cotidiana contra ese colectivo. Sin embargo, tampoco se puede pasar por alto la desconfianza a este tipo de candidaturas por las simulaciones que se han dado en el proceso electoral anterior y en el actual. 

En cualquier caso, la legislación actual estipula la autoadscripción simple como método de acreditación para las acciones afirmativas de grupos vulnerables, método criticado por activistas locales y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+. Es totalmente reprobable que los partidos políticos y militantes sean capaces de nombrarse indígenas o miembros de la comunidad de la diversidad sexual con tal ocupar un cargo público, razón por la que es necesario incrementar requisitos ya que tenemos claro que hacen de todo por burlar la ley. 

Los partidos políticos siguen cayendo bajo, al nivel del subsuelo. Se aferran a sus malas prácticas que se traducen en más descredito como si no fuera suficiente con el que tienen actualmente. Qué vergüenza contar con un sistema de partidos con estas características, con personas dispuestas a romper las reglas que sean necesarias con tal de cumplir intereses cupulares o personales donde sus agandalles, no tienen limite.