Programas sociales y salario mínimo
Por: Laura Castillo García
Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México
Los programas sociales están protegidos por la Constitución y nadie puede quitarlos por muchas amenazas que los empleados de altos políticos lancen tanto en épocas electorales como en las que no lo son, pues estos saben que esas ayudas sociales son un importante mecanismo de manipulación para hacer que la gente actúe de acuerdo a la conveniencia de políticos engañadores y manipuladores que quieren seguir viviendo del presupuesto porque eso sería un gran error, como dijo, en la década de los 40 del siglo XX, el político veracruzano César “el Tlacuache” Garizurieta.
Durante mucho tiempo, el actual partido oficial criticó que los políticos en el poder utilizaran los programas sociales para hacer que la gente se sintiera identificada con ellos para, en un momento dado, esa misma gente los llevara al poder. Esa postura la tuvo Morena mientras fue oposición; es decir, mientras sus representantes no eran presidentes o gobernadores, pero ahora que lo son, su postura ha cambiado radicalmente porque se han dado cuenta que los programas sociales son un excelente mecanismo de manipulación y, como siempre, hacer que la ciudadanía que recibe un beneficio del gobierno federal se coloque en la línea con él y, por tanto, siga mostrándole sus simpatías.
Todos sabemos que el discurso del presidente de la república gira en torno a que da apoyos directos para que no haya manipulaciones ni corruptelas, pero las tarjetas de bienestar que reparte desde el inicio de su administración, en el año 2018, cumplen las mismas funciones engañosas y manipuladoras de los mexicanos.
De acuerdo con la página web de los “Programas para el bienestar”, el 71 por ciento de los hogares mexicanos recibe por lo menos uno de los programas impulsados por el presidente, quien para cumplir con esa promesa logró que le autorizaran una inversión de 600 mil millones de pesos, mismos que atomizó al entregarlos a 25 millones de hogares mexicanos.
Que conste que estoy de acuerdo con que se le den apoyos, ayudas y programas sociales a la gente porque con eso pueden resolver algunas necesidades cotidianas del hogar o personales, pero en lo que no estoy de acuerdo es que a la gente se le manipule haciéndole creer que esos beneficios salen directamente del bolsillo del mandatario federal pero eso no es cierto, es absolutamente falso: el dinero que se entrega a los mexicanos bajo el nombre de pensiones para adultos mayores y discapacitados y becas bienestar para estudiantes, para jóvenes construyendo el futuro, etc., etc., año con año fue autorizado por la Cámara de Diputados federal, la cual designó 600 mil millones de pesos para programas sociales después de que se enteró que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que es la secretaría que concentra todo el dinero con el que funciona la administración pública federal–, le ingresarían: 4 billones 942 mil 30.3 millones de pesos correspondientes a impuestos; 535 mil 254.7 millones de pesos por cuotas y aportaciones de Seguridad Social; 36.5 millones de pesos por contribuciones a mejoras; 59 mil 91.4 millones de pesos por Derechos; 8 mil 641.6 millones de pesos por productos y 193 mil 877 millones de pesos por aprovechamientos y otros rubros que suman billones y billones de pesos.
Así, pues, el dinero de los programas sociales definitivamente no sale del bolsillo del presidente López Obrador, sino de los impuestos que todos los mexicanos pagamos cuando compramos tortillas, un refresco, papas fritas o cualquier otro producto que adquirimos en las tiendas, pues en lo que pagamos está incluido el impuesto que va a parar a las arcas federales: todos sabemos que pagamos IVA, pero también pagamos otros impuestos que ni siquiera sabemos que existen.
Lo que sí hace López Obrador, y lo hace muy bien, es aprovecharse del dinero público que reparte a través de las tarjetas del Bienestar: esos 600 mil millones de pesos son prácticamente la inversión que el titular del ejecutivo hace para aparecer como un presidente de la república con una aprobación, en el mes de abril pasado, de 72. 1 por ciento. Es decir, es casi seguro que en dicho resultado influyó el 70 por ciento de hogares mexicanos que por lo menos recibe un programa social.
El presidente López Obrador se beneficia personalmente del dinero público invertido en programas sociales, pero el gobierno federal no atiende las necesidades de millones de mexicanos, alejados de los centros urbanos, que necesitan: agua potable, drenajes, pavimentaciones, luz eléctrica, hospitales y clínicas de salud, escuelas, deportivos y espacios públicos dignos.
La precaria situación que desde más de un siglo viven millones y millones de mexicanos y que se ha deteriorado aún más en los últimos años y los raquíticos salarios mínimos que el gobierno dice que incrementó, pero que este se anuló por la inflación, es la base sobre el que crecen los programas sociales; los “apoyos directos” que ahora se dan a millones de mexicanos, mismos que se han convertido en la cuerda con la que el gobierno federal tiene atados a sus caprichos a esas millones de personas, aunque estos no se beneficien en nada, o lo sean únicamente con 6 mil pesos que bimensualmente otorgan a las personas mayores de 65 años; o los 3 mil 100 pesos que también cada dos meses reciben los discapacitados o los más de 7 mil pesos que bimensualmente reciben los estudiantes.
En efecto, ese dinero alcanza para muy poco, pero cada dos meses es oxígeno para los que tienen que resolver alguna necesidad cotidiana: comprar leche para sus hijos, alguna medicina para adultos mayores o discapacitados. De esa necesidad derivada de raquíticos salarios se aprovecha el Mandatario federal, quien es el presidente más manipulador que ha tenido México.
Entiendo que el que no tiene nada para ofrecer a sus hijos o para comprar medicinas, da gracias al cielo cuando de golpe le llegan seis o tres mil pesos. Pero la gente se equivoca cuando piensa que, si la candidata de Morena pierde las elecciones, también ellos van a perder los apoyos gubernamentales.
Eso no es cierto, pues, como mencioné al principio de esta colaboración: los programas sociales son un derecho constitucional y, por tanto, ya nadie, nadie, se los puede quitar. Y, en dado caso que alguien quiera hacerlo, los beneficiarios de esos programas deben organizarse y luchar para que eso no suceda, como recientemente dijo el dirigente del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán.
El derecho constitucional que los mexicanos tienen sobre los programas sociales, debe darles seguridad absoluta para decidir con toda libertad quién quieren que guíe al país los próximos seis años y que lo saque del desastre y destrucción en que lo ha metido la actual administración pública de López Obrador.
Los mexicanos deben luchar para que se respeten los derechos humanos contenidos en la Constitución Mexicana, pero sobre todo deben concientizar que la verdadera solución al problema de pobreza y de la mala distribución de la gran riqueza que producen los trabajadores es necesario cambiar el modelo económico, que impera actualmente en México y el mundo, que genera mucha riqueza por parte de los trabajadores, pero que se concentra en unas cuantas manos y, a la vez, genera mucha pobreza que hace que millones de seres humanos dependan de programas sociales, como los del Bienestar, que no la dejan actuar libremente.
